POLITICA
citaciones a indagatoria

Con empresarios otra vez en la mira, la causa Cuadernos se reactiva

Están vinculados a la obra pública o negocios inmobiliarios, apuntados por Clarens por supuestos pagos a Baratta, también citado.

 20211211_baratta_policia_cedoc_g
Baratta. La causa Cuadernos se disparó al conocerse las anotaciones de su chofer, Centeno. | cedoc

La causa Cuadernos volvió a tomar ritmo, por lo menos en una de sus ramificaciones. Fueron citados a indagatoria Roberto Baratta, ex secretario de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, y varios empresarios ligados a la obra pública. Se trata de Jorge Balán, Hugo Dragonetti, Claudio Glazman, Mauro Guatti, Claudio de Lassaletta y Fernando Alexis Sananez, quienes deberán responder entre los días 20 y 27 de diciembre por presuntas entregas de dinero a Baratta. También deberán comparecer Nelson Lazarte, otrora asistente de Baratta, y el también ex funcionario Hernán Gómez.

El hecho cobra particular relevancia tras el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las causas denominadas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, quedándole así Cuadernos como la principal investigación en su contra. Cuadernos, particularmente, es un caso que muestra pocos signos de avance por su magnitud –cuenta con unos cien imputados– y sus escasos recursos.

Si bien la causa troncal ya fue elevada a juicio oral, esta medida tomada por el juez federal Julián Ercolini corresponde a un tramo residual surgido a partir de las declaraciones de Ernesto Clarens, quien, bajo la figura del arrepentido, proveyó planillas con pagos que involucrarían a los indagados. Varios de los empresarios involucrados participan también de la causa troncal.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Según trascendió en el ámbito judicial, a Hugo Dragonetti, presidente de Panedile, se le imputará el haber coordinado y entregado 800 mil dólares a Roberto Baratta en febrero de 2010 y 450 mil más en junio del mismo año. Los pagos habrían sido ordenados por su padre, también imputado. En 2019, admitió ante el juez Bonadio –quien estuvo al frente de la causa hasta su fallecimiento– haber pagado de su bolsillo para que fueran liberadas las certificaciones de obras adjudicadas a su empresa. Fue liberado entonces bajo caución juratoria.

El empresario inmobiliario Claudio Javier Glazman, ex director de la empresa Sociedad Latinoamericana de Inversiones, declaró anteriormente –acogido también bajo la figura de imputado colaborador– que Baratta le había pedido dinero a cambio de que los desarrollos inmobiliarios que quería llevar a cabo en terrenos fiscales le fueran aprobados. Admitió haber realizado 13 pagos en 2009 y 2010. Glazman también figura en los Pandora Papers por haber sido accionista de una empresa registrada en Panamá.

Alberto Taselli, presidente de la firma Faraday al momento de los hechos, está también imputado por entregar dinero a Baratta. En la causa troncal, en la cual también figura como arrepentido, admitió los pagos y brindó información sobre el esquema de entregas para concesiones ferroviarias.

Jorge Balán, titular de la firma Industrias Juan F. Secco SA, fue procesado por cohecho activo por dos pagos ilegales a Planificación en otro expediente. Como arrepentido confesó entregas de dinero a Baratta y Lazarte. La reciente investigación Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló también que el empresario abrió una empresa en Costa Rica para realizar inversiones en el Uruguay.

A Baratta se lo imputará por participar de las entregas de dinero que lo vinculan a los empresarios.

En su declaración, el dueño de la financiera Invernes, Ernesto Clarens, había admitido ser quien recaudara e hiciera llegar el dinero de empresarios a Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kircher, y a José López, otrora secretario de Obras Públicas. Entregó en su momento una lista con obras que la Dirección Nacional de Vialidad había licitado entre 2003 y 2015 y que incluía el nombre de la empresa adjudicataria y el presunto sobreprecio pagado.