El aluvión de reformas del decreto de Javier Milei abrió un abanico de especulaciones y denuncias por presuntas irregularidades. Entre ellas un potencial conflicto de intereses que involucraría a Diana Mondino en virtud de la ley de Ética Pública, en línea con el doble rol que cumple la canciller desde el 10 de diciembre: ser funcionaria pública y también dueña del Banco Roela, una entidad financiera radicada en Córdoba.
Mondino es una de las colaboradoras más cercanas al presidente Milei. Como ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, firmó el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que sentó las bases para la desregulación de la economía y generó controversias en varios sectores, entre ellos el financiero.
Si bien desde el entorno de Mondino niegan que se trate de "acto de mala fe" en detrimento de la transparencia de gobierno, su faceta de empresaria y ejecutiva bancaria cobra otra relevancia en relación a las reformas que buscará implementar el Ejecutivo nacional en ese rubro y que impactarán en el sistema bancario. Entre ellas, la eliminación del límite de interés que los bancos pueden cobrar a sus clientes por demorarse en pagar la tarjetas de crédito hasta la apertura del juego a las fintech de billeteras virtuales para el depósito de sueldos.
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El revuelo, en tanto, se generó después de que trascendiera que Mondino sigue siendo la accionista mayoritaria de un banco privado junto a su hermano y también economista, Guillermo Mondino, quien además integra el directorio de la sociedad. "(Diana) Mondino y su familia están pagando el ajuste como todos los bancos. Es un acto heroico, no hubo ningún acto de mala fe", indicaron a PERFIL fuentes cercanas a la ministra.
El banco de la familia Mondino
La canciller de Milei, en tanto, posee el 49,61% del capital del banco Roela, el mismo porcentaje que Guillermo Mondino; y cuenta con el 49,79% de los votos de la sociedad, apenas por encima del 49,78% de su hermano, según datos a los que accedió PERFIL. El 0,78% restante, en tanto, figura a titularidad de "accionistas agrupados". Si bien los datos del BCRA son del 17 de septiembre, al cierre de este artículo desde la entidad bancaria no confirmaron que existiera una modificación en la composición accionaria.
Entre los familiares que participan del directorio del banco también está el hijo de Diana, Francisco Pendás, designado director suplente. Licenciado en Administración de Empresas de la UCEMA, fue el principal armador de la campaña joven de Milei en Córdoba y ahora trabaja "gratis" en Cancillería, después de un fallido intento de quedarse con la vocería de la cartera conducida por su madre.
Fundada hace 60 años, Banco Roela es una entidad bancaria ubicada en la capital cordobesa y actualmente es el negocio de la familia de economistas. Un círculo en el que también está incluido el marido de Diana Mondino, Eugenio Pendás, también egresado de UCEMA (de donde proviene gran parte de la asesoría de Milei), exfuncionario del menemismo que fue superintendente de bancos cuando ocurrió la escandalosa quiebra del Banco Integrado Departamental (BID).
¿Conflicto de intereses?
Desde que trascendió que Diana Mondino seguía siendo dueña de una empresa del sector financiero al momento de firmar el DNU, aparecieron sospechas respecto a presuntas incompatibilidades entre los dos roles.
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"Existe un conflicto de intereses cuando se produce una confrontación entre el interés público y los intereses privados del funcionario, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades", reza la ley de Ética Pública.
Por su parte, Mondino es titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y no de Economía, la cartera que detalló las reformas que abarca el DNU que firmaron todos los miembros del gabinete nacional, por lo que la funcionaria podría escapar al tecnicismo legal. Además, le suma que "la esencia" del DNU no implica una "desregulación del sistema bancario", por lo tanto no choca con los intereses de la ministra empresaria, indicaron fuentes del BCRA a este medio.
"No favorece a los bancos sino que los perjudica, les pone más competencia", agregaron, en relación a la habilitación a las fintech de billeteras virtuales a recibir depósitos de sueldos, una facultad que el Central le reservaba exclusivamente a los bancos privados; al reemplazo de las Leliqs junto con la baja de las tasas de interés.
"Incompatibilidad ética"
Sin embargo, desde el sector civil rige el alerta ante cuestiones que atenten contra la transparencia gubernamental. "En general cuando ocupás un cargo público tenés que excusarte, no importa si te favorece o no", explicó a PERFIL Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.
Respecto al caso del doble rol de Mondino, el letrado opinó que es un asunto "totalmente objetable", dado que como dueña de un banco podría obtener mayores ganancias con alguna de las medidas del DNU, como la eliminación del tope de intereses punitorios a quienes se demoren en pagar la tarjeta de crédito. "Si estás en la función pública y firmás o emitís una regulación que afecta un ámbito privado tenés que excusarte porque hay una incompatibilidad ética, más allá de que te beneficie o no", apuntó.
"No es un área de directa incumbencia de ella ya que firmó como ministra de Relaciones Exteriores, no de Economía o del Banco Central. No hay un delito acá, puede haber un potencial conflicto de interés. Es una situación a analizar", opinó Pablo Secchi, de la ONG Poder Ciudadano que vela por la transparencia gubernamental.
En tal caso, quedará en manos de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, investigar si existe alguna incompatibilidad entre la función pública de Mondino y su rol de empresaria al momento de firmar el decreto que prevé una serie de modificaciones a las entidades bancarias, que también abarca la eliminación del límite de tasa que cobran a los comercios; la derogación de multas a quienes no informen la tasa de interés; la posibilidad que empiecen a cobrar las cuentas sueldo y la privatización del Banco Nación.
Un antecedente sería el del exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, quien se desprendió de sus acciones de Shell después de una intimación de la OA, el organismo encargado de investigar la existencia de conflictos de intereses de los funcionarios públicos.
CP
