Llueven las presentaciones contra el DNU de Milei: ahora del ex titular del Colegio de Abogados
Jorge Rizzo, abogado y presidente de la Asociación Civil Gente de Derecho, presentó una nueva queja contra el DNU ante el Fuero Contencioso. Es la tercera que recibe la medida del presidente, a la espera de la presentación cegetista.
El Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica que firmó Javier Milei no para de recibir objeciones en la Justicia. Ahora, el ex titular del Colegio Público de Abogados y presidente de la Asociación Civil Gente de Derecho, Jorge Rizzo, pidió a la Justicia un amparo para que se declare la "inconstitucionalidad integral" de la normativa que dictó el presidente la semana pasada.
La presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, a cargo del juez Edgardo Walter Lara Correa.
En un escrito de 61 carillas, el abogado Rizzo pidió como medida cautelar la suspensión de la aplicación del DNU 70/2023 en todo su articulado, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que se plantea.
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Según sostuvo, la normativa es "a todas luces inconstitucional". Añadió que es evidente que el Poder Ejecutivo intenta suplir su minoría parlamentaria en el Congreso mediante un sistema excepcionalísimo en el que trata de derogar 300 normas y de modificar otras. "No ha sido la voluntad de la Convención Reformadora de 1994, sino un evidente abuso que contradice de manera violenta la forma republicana de gobierno y todo el procedimiento legislativo", expuso.
Para Rizzo, el DNU legisla sobre diversas materias, es desprolijo, ya que omitieron su entrada en vigencia y "las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo por medio del decreto de necesidad y urgencia no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación de emergencia, sino que, por el contrario, revisten el favorecer a un sector minoritario de la sociedad".
En ese marco, el abogado y autor de la presentación marcó que el DNU objetado no cumple con los parámetros legales que requiere el uso de esa herramienta. "No existe una situación de excepción sobreviniente que justifique eliminar el canal legislativo. Un cambio de gobierno no es razón suficiente ni tampoco se puede justificar con la crisis económica actual", expresó Rizzo al tiempo que señaló que bajo ese criterio "habilitaríamos a que cada cuatro años un nuevo gobierno dicte su propio DNU dejando obsoleto a uno de los poderes".
Un DNU "viciado de inconstitucionalidad"
Más adelante, marcó que por medio del DNU el presidente "ha decidido dejar de lado a los Representantes del Pueblo y de las Provincias", en relación con los diputados y senadores. Insistió con que está "viciado de inconstitucionalidad" por haber sido dictado en exceso de sus facultades y no es susceptible de subsanación posterior, por lo que, consideró, "debe ser declarado judicialmente nulo".
Edgardo Walter Lara Correa y Esteban Furnari, dos de los jueces que recibieron cuestionamientos al DNU.
Y argumentó: "Se repite hasta el hartazgo que una ley solo puede ser derogada por otra ley, pero en el caso de autos un Decreto deroga cuarenta y ocho (48) –cuarenta y un (41) leyes en forma total y parcialmente siete (7) – a la vez que modifica treinta y tres (33) dando una suma de poder público al Presidente vedado por el artículo 29 CN".
En la presentación, el abogado marcó que la Corte Suprema tiene sentada jurisprudencia en materia de DNU, citó el fallo "Consumidores argentinos" y un textual en el que el Máximo Tribunal sostuvo que "los DNU son una herramienta de excepción y, por lo tanto, se debe respetar al vía legislativa como regla fundamental". Inmediatamente, escribió que el Poder Judicial "se debe mantener firme en sus criterios para promover a la seguridad jurídica que tanto se reclama en este país".
El fiscal Miguel Ángel Guilligan quedó sorteado para intervenir como fiscal en el caso.
Los otros planteos contra el DNU
Como se mencionó antes, en la Justicia en lo Contencioso Administrativo ya hay varios planteos en contra del DNU que firmó el presidente en acuerdo de ministros. Uno de ellos lo presentó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que recayó en principio en el Juzgado N°9 a cargo de Pablo Gabriel Cayssials. Sin embargo, fue recusado sin causa y pasó a Cámara para que se sortee un nuevo magistrado.
Gil Domínguez presentó en la Justicia un pedido de acción declarativa de inconstitucionalidad de la medida y su declaración de nulidad absoluta e insanable. Planteó que "impone un modelo de sustitución del Poder Legislativo en cuanto titular de la función de legislar (...) al modificar integralmente el sistema socioeconómico o Constitución socioeconómica previstos por la regla de reconocimiento constitucional y convencional argentina establecida por el art. 75 inciso 22 de la Constitución argentina".
En el escrito al que accedió PERFIL el autor sostuvo que el DNU cuestionado no cumple con los requisitos que exige la Constitución en cuanto a que no existe una situación excepcional de necesidad y urgencia que haga imposible que las modificaciones y derogaciones se realicen vía ley.
En su escrito, Gil Domínguez pidió que su planteo sea tomado de manera autónoma frente a la existencia de un amparo colectivo presentado días atrás por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Esa presentación también fue firmada por el economista Claudio Lozano y los sindicalistas Hugo "Cachorro" Godoy (CTA) y Rodolfo Aguiar (ATE).
El juez Esteban Furnari admitió que el caso trámite como un amparo colectivo, ordenó su inscripción como tal y estableció que el colectivo "está integrado por todos los habitantes alcanzados por y/o sujetos al DNU que afirmen su inconstitucionalidad". En un primer auto también ordenó darle vista al fiscal federal.
La expectativa respecto de lo que decida la justicia es importante. Ya antes de que asuma Milei PERFIL había advertido en un artículo la importancia que tendría el Fuero Contencioso Administrativo Federal en relación con los procesos contra el Estado, que ya son tres referidos al DNU 70/2023. La atención está puesta en si un juez ordenará la suspensión de la normativa de desregulación económica mientras se define la cuestión de fondo.
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La CGT se suma a la judicialización
En el horizonte de posibilidades también hay que contemplar una eventual intervención de la Corte Suprema. "No hay vuelta atrás, los amparos van a ser derrotados", afirmó en una entrevista en Radio Rivadavia el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
También hay que tener en cuenta que la Confederación General del Trabajo (CGT) avisó que el miércoles marchará a Tribunales para presentar otro cuestionamiento al DNU.
Según supo PERFIL, la presentación la trabajan por estas horas los integrantes del cuerpo de abogados de la CGT con el asesoramiento de conocidos abogados constitucionalistas. Entre ellos estarían Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra. Este último preside en la actualidad el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que días atrás publicó una nota institucional donde se expresó la preocupación por el dictado del decreto y enfatizó en que su aceptación "conduciría a la ruptura del principio de división de poderes y nuestro régimen republicano de gobierno, en desmedro de la libertad y de los derechos de los ciudadanos".
