Entre tantos dislates infundados que desparrama el gobierno argentino en su batalla contra la sociedad y la misma idea de lo “social”, es notable su vulgar versión de la llamada “tragedia de los bienes comunes”. Esta tragedia describe las consecuencias negativas de acciones individuales motivadas por el interés personal y que pueden terminar destruyendo recursos compartidos por toda la comunidad.
En breve, describe una situación en la búsqueda del bien individual termina perjudicando a la comunidad, incluyendo a las propias personas que buscan su bienestar. Un ejemplo claro es la contaminación ambiental derivada del uso del transporte individual; o la degradación del hábitat por la especulación inmobiliaria, etc. Los recursos comunes son así destruidos por el uso incontrolado y desmedido en busca de beneficios personales.
La versión vulgar (y contraria) del gobierno argentino de esta tragedia puede exponerse así: si los recursos no son de propiedad individual sino pública, la demanda sobre los mismos sustentada en derechos “democráticos” termina agotándolos porque las personas no pueden resistir la tentación de tomar más de lo que “aportan”. Así, todo gasto público sería perjudicial salvo que fomente la apropiación individual de los recursos comunes: la presión ciudadana y corporativa sobre el gasto del Estado, que permite el “pluralismo” democrático, derivaría en un crecimiento exponencial del gasto público “ahogando” a la iniciativa privada. El resultado final serían déficits fiscales crónicos y una economía ineficiente por una mala asignación de recursos que sería contraria a la determinada por los mercados.
De este modo, el gobierno da vuelta el argumento, en lugar de mostrar los problemas colectivos derivados de las acciones que persiguen el interés individual, pretende que la acción colectiva es la perjudicial y que la solución es terminar con la propiedad pública en beneficio de la privada. Además, en lugar de preocuparse por aumentar más los “aportes” tributarios de quienes se han beneficiado y benefician de la desigual distribución de recursos, sólo se ocupa de recortar los gastos de carácter social.
Sintéticamente, esto es lo que acaban de votar sus cómplices en la Cámara de Diputados al aprobar el proyecto de ley que lleva el patético nombre de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Este instrumento legal le da poder al gobierno para avanzar con su destrucción de los bienes y servicios públicos para mercantilizarlos y transferirlos a manos privadas. Detrás de este fraude se busca reemplazar el constitucional concepto de “justicia social” por el inconstitucional concepto de “justicia de mercado”.
La justicia social está determinada por las normas culturales y políticas, construidas a lo largo del tiempo siguiendo ideas colectivas de equidad, solidaridad, igualdad, etc. La justicia social se decide por acciones colectivas y se plasma en normas e instituciones públicas. Los principios que sostienen la justicia social están en muchos artículos de la Constitución Nacional que claramente buscan que la sociedad argentina sea más igualitaria y menos jerárquica. Esto no desconoce que en la práctica ha sido difícil cumplir con estas normas constitucionales, porque las instituciones en algunos casos no se organizan adecuadamente, porque se aplican de forma parcial y corrupta, etc. Pero los principios son claros y defienden la acción colectiva y la mayor igualdad social.
Con el proyecto de la ley Bases, más las múltiples acciones cotidianas, el gobierno y sus acólitos están a punto de revertir este mandato constitucional negando el propio objetivo de la justicia social. En su lugar, buscan reemplazarla por la “justicia de mercado”. Para el gobierno, la justicia social sería nociva porque desconoce el principio de “reciprocidad económica”: cuando interviene la acción colectiva nadie paga individualmente lo que debería pagar si el mercado organizara a la sociedad. Bajo este dogma, las personas sólo deberían acceder a aquello que pueden pagar conforme a los precios que fijan los propietarios de riqueza privada en el mercado.
El sistema de precios sería el que define la justicia de los intercambios que por definición se ven como “equivalentes”. Uno da algo y otra entrega a cambio un valor equivalente; si no tiene lo suficiente para pagarlo, es justo que no lo tenga. Punto. Pese a su título, la libertad que consagra este proyecto de ley no es la de “todos” (y mucho menos de “todas”) los argentinos; es sólo la libertad para el uso sin límites de la propiedad privada sin preocuparse si esa libertad daña el bienestar de gran parte de la población.
Para que esto funcione así, el gobierno y sus acólitos busca terminar con todas las instituciones del Estado que le otorgan derecho a bienes y servicios por un procedimiento diferente al del pago individual. Se entiende así por donde va el ajuste de jubilaciones, salud, educación, planes sociales, etc. En la sociedad que se va a construir con la ley Bases, las demandas del capital para un retorno adecuado operan como “precondiciones empíricas” para el funcionamiento de todo el sistema social; todas las otras demandas serían disruptivas de la armonía “natural” que supuestamente caracteriza a una sociedad de mercado. Entre tantas rarezas de Argentina, hoy manejan las instituciones públicas un grupo de personas que las detestan y que quieren que desaparezcan.
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Es difícil explicar la aprobación de estos mecanismos de destrucción de la sociedad argentina. Pero seguramente mucho tienen que ver las cuestionables y repudiables acciones de gobiernos anteriores que deslegitimaron a las instituciones públicas debido al uso y corrupción en su manejo. Gobiernos que decían defender la justicia social se dedicaron a deslegitimar las instituciones necesarias para que exista en la práctica. La expansión no controlada del gasto público sin cobertura tributaria progresiva, es otro resultado de lo anterior. Pero una cosa es criticar y desplazar del espacio público a grupos que desvirtuaron los objetivos de la justicia social, y otra muy distinta es negar su validez como principio de organización social.
Otra explicación de la actual situación es que la acción de los mercados es más anónima que la acción pública, mucho más cuando el Poder Judicial no avanza en penalizar a quienes producen daños sociales con sus acciones políticas o de mercado. Las acciones en los mercados son difícilmente identificables, a tal punto que la mayoría de las personas las considera como un destino definido por fuerzas superiores que sólo son inteligibles para expertos. No debe extrañar que los defensores actuales de las “fuerzas” del mercado invoquen permanente la iluminación de “fuerzas divinas” para sus acciones.
¿Será posible la gran transformación?
Detrás de esta tragedia se oculta lo que la evidencia histórica indica: las demandas sobre gobiernos y bienes colectivos que han llevado al desastre social del país no son las de la ciudadanía sino la de grandes corporaciones que tienen privilegios, que han gozado de salvatajes públicos y prebendas, que tienen poder para influencias a los poderes públicos en sus decisiones. De hecho, detrás de la corrupción en la función pública se oculta la corrupción privada cómplice y también beneficiaria de la misma. La tragedia de las personas comunes es que el actual gobierno y sus compinches ocultan la relación directa entre corrupción y privatización/mercantilización de instituciones públicas que caracterizó a la vergonzosa década del noventa que hoy reivindican.
La crisis fiscal del Estado argentino no se debe a que un exceso de democracia ni de demandas populares, sino a una colonización de gran parte de la política pública por corporaciones e individuos de muchos recursos que defienden sus intereses particulares. Por eso no se avanza sobre un sistema tributario más progresivo que mejore la distribución y la solidez fiscal. Aquí hay que buscar la responsabilidad del desajuste fiscal y la deuda pública; no en jubilaciones, educación, salud pública, etc.
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Las normas que promueve el actual Poder Ejecutivo mercantilista, y que el Poder Legislativo y el Judicial están avalando por acción u omisión, llevan a la sociedad argentina a un desastre anunciado por la propia trama de la tragedia en ciernes. El problema de la democracia argentina no es la búsqueda de justicia social ni las demandas genuinas de la población más vulnerable que pueden y deben ser atendidas con otras políticas. El problema es que los grupos políticos que la representan son cómplices (y hasta forman parte) de los grupos privados más opulentos.
La tragedia de los bienes comunes en Argentina se explica por los errores y la corrupción de un grupo de la dirigencia política y corporativa, que no se van a resolver ni se justifican con errores y corrupción de otro grupo. Lo que hacen es potenciar el sufrimiento de la población más subordinados e indefensa.
RM CP
