Este lunes 2 de febrero se abre la segunda etapa de sesiones extraordinarias en el Congreso, en la cual el Gobierno tratará de avanzar con dos proyectos esencialmente. La reforma laboral, es el primero, y la baja de la edad de imputabilidad son las iniciativas a debatir. Aunque también pretende sancionar la Ley de Glaciares en un escenario en el que el Partido Justicialista no deja de tener sobresaltos en el Senado.
El temario a tratar es ambicioso y el oficialismo muestra cautela: admite que no tiene los votos y encara negociaciones contrarreloj para generar consensos, sobre todo en torno a la iniciativa que modifica la legislación laboral. La apuesta pasa por contar con el visto bueno de los legisladores que responden a los gobernadores más permeables al diálogo con la Casa Rosada.
También figuran los cambios en el Régimen Penal Juvenil, un nuevo proyecto que recoge los conceptos fundamentales del que obtuvo dictamen el año pasado pero que perdió estado parlamentario ante la falta de fondos necesarios para implementar la ley. El inicio del debate está previsto recién para la segunda semana de febrero en Diputados.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad (con discusiones que oscilan entre los 13 y 14 años) reabre una grieta entre La Libertad Avanza y sus aliados, que ya colocaron dudas sobre la conveniencia de que un menor de 13 años sea imputado. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sumó ruido al debate al rechazar el texto.
En un comunicado firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva, la entidad sostuvo que estas propuestas no deben considerarse como la única respuesta ante los delitos que involucran a jóvenes.
En el mensaje, la Iglesia Católica manifestó su cercanía con las familias y comunidades que son víctimas de hechos delictivos. Pero advirtió que centrar el debate público en la edad de los menores imputables puede omitir aspectos fundamentales relacionados con la prevención, la educación y el acompañamiento. El oficialismo, ante este escenario plagado de complicaciones, confía en que el clima social le otorgue los votos necesarios para avanzar.
Luego, aparece la Ley de Glaciares: Quizás el punto más sensible para las provincias cordilleranas. La modificación de la definición de “ambiente periglaciar” busca habilitar proyectos mineros hoy frenados. La tensión entre el desarrollo extractivo y la protección del recurso hídrico será el eje de una pelea voto a voto.
La Cámara alta concentrará miradas, especialmente en todos los movimientos del PJ. La decisión de los interventores del peronismo de Jujuy de suspender la afiliación partidaria de Carolina Moisés, la integrante del interbloque de 28 miembros que preside José Mayans, podría derivar en la salida de la dirigente del espacio. Un voto que LLA mira bien de cerca en su poroteo.
Por el momento, la jujeña no tomó ninguna decisión y conservaría su lugar en Convicción Federal, el bloque en el que está acompañada por Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Jesús Rejal.
