La familia Macri avanzó esta semana contra los principales actores de la causa Correo Argentino SA. Esta vez, fue la empresa Socma (Sociedades Macri), accionista de Correo, la encargada de liderar la estrategia por dos vías: en el fuero comercial y en los tribunales federales de Comodoro Py.
En el expediente comercial, donde debe definirse el concurso de acreedores y Correo afronta una deuda millonaria con el Estado y más de 400 acreedores privados desde hace 18 años, Socma recusó a la jueza Marta Cirulli y la fiscal general Gabriela Boquin por supuesta “parcialidad”, según dos escritos publicados en el sitio web del Poder Judicial.
Casi en simultáneo, los abogados penalistas de Socma lograron que se reactive un expediente penal contra la jueza; la fiscal; el Procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado), Carlos Zannini; y el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen. Socma acusa a los cuatro funcionarios de una supuesta “persecución” que buscaría que “se decrete a cualquier precio la quiebra” de la sociedad (ver aparte las posiciones de los denunciados).
De quebrar Correo, los acreedores podrían solicitar la extensión de quiebra a Socma y Sideco, principales empresas de los Macri. Es el peor escenario para la familia.
Una buena. El 22 de octubre, los camaristas Martín Iruzun y Mariano Llorens ordenaron reabrir un expediente penal iniciado por Socma contra Cirulli, Boquin, Zannini y Nissen.
Si quiebra Correo Argentino SA, los acreedores podrían apuntar a Socma o Sideco
La causa había sido archivada por el juez Sebastián Casanello (y a pedido del fiscal Carlos Rivolo) por inexistencia de delito, ya que ambos magistrados consideraron que las medidas tomadas por los cuatro denunciados forman parte de sus funciones en el concurso de acreedores de Correo, según consta en el expediente.
Sin embargo, los miembros de la Cámara Federal porteña determinaron que el archivo fue “prematuro” y que los magistrados deben seguir investigando si la hipótesis de Socma de una “persecución” contra la familia Macri tiene “algún respaldo”, según el fallo.
Socma basa esa “persecución” en la intervención judicial de Correo y las decisiones de la jueza y de la fiscal, sumadas a la posición de Zannini y Nissen contra la dilación del concurso de acreedores y los manejos contables de los administradores de la empresa concursada.
“Los cuestionamientos efectuados por los denunciantes implicaban un descontento en torno al dictado de las medidas adoptadas y no una situación que objetivamente pudiera ser calificada como un abuso de autoridad”, sostuvo el juez cuando ordenó el archivo el 28 de agosto.
Uno de los puntos denunciado por Socma es el sorteo electrónico de la interventora judicial en Correo. Sostienen que los accionistas no fueron notificados para presenciar la legalidad del procedimiento. La investigación de Rivolo determinó que la fecha del sorteo podía consultarse al ingresar al portal del poder Judicial, “al que tienen acceso no solo los abogados sino el público en general, sin usuario ni contraseña”; y que el método fue el que se utiliza usualmente en el fuero comercial, según consta en el expediente penal.
Los camaristas, a pedido de Socma, ordenaron al juez citar a declarar como testigos a Miguel Angel Pichetto (excandidato a vice de Macri); Germán Garavano (ex ministro de Justicia de Macri); y Pablo Tonelli (diputado de Cambiemos y ex abogado de Correo), tres aliados centrales de Macri que aportarían posible “evidencia” sobre la hipótesis de la denunciante.
Esta semana, los abogados penalistas de Socma (Francisco Castex y Luciano Pauls) se presentaron ante Casanello para insistir con el pedido de citación de estos y otros testigos. “Lo mejor para todos los involucrados es que se agoten las medidas de prueba y testigos solicitados por la denunciante”, explicó una fuente de la Cámara Federal.
Mientras los abogados penalistas reactivan el frente en Comodoro Py, el martes último, Socma pidió la recusación de la fiscal Boquin y la jueza Cirulli en el expediente comercial. Los escritos fueron presentados por diferentes estudios de abogados. En esta causa, Socma es representada por Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo
“Son causas separadas y estrategias distintas”, dijo una fuente que trabaja con las empresas de la familia del ex presidente ante la consulta de PERFIL de si la reapertura del expediente penal es ahora una carta clave para Socma en su intento de desplazar a la fiscal y a la jueza.
Las posiciones de los denunciados
Ante la consulta de PERFIL por la decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar que se siga investigando la denuncia penal de Socma, una fuente de la Procuración del Tesoro dijo: “Es importante recordar que es un concurso con casi dos décadas, único en la historia, en donde el deudor ha intentado no sólo maniobras procesales para dilatarlo, sino también han realizado maniobras fraudulentas en el manejo de la sociedad que fueron las que motivaron que la Justicia a principios de este año dispusiera la intervención”.
“El Estado lo que ha hecho es pedir lo pertinente para que pueda cobrar la deuda que le corresponde”, agregó la fuente consultada.
Nissen dijo a este medio que lo que se le imputa en la causa penal es haber declarado desde la IGJ que los estados contables de Correo Argentino SA, entre 2007 y 2019, son “irregulares e ineficaces”, cuando “el propio auditor dejaba en claro que omitía emitir su opinión profesional sobre dichos documentos” debido a estas supuestas irregularidades.
“Todos sabemos lo que significa esa abstención de opinión: es, en definitiva, sinónimo de que esos balances carecen de toda credibilidad”, agregó Nissen. “Si su propio contador dejó en claro sus reservas sobre la idoneidad informativa de los estados contables de Correo, es obvio que la IGJ no podía darlos por buenos”, afirmó.
La fiscal y la jueza no hacen declaraciones a la prensa sobre causas en trámite. Boquin se excusó, además, de intervenir en la denuncia de Nissen sobre los estados contables de Correo.
