El conflicto hídrico que mantiene enfrentadas desde hace décadas a las provincias de La Pampa y Mendoza no para de intensificarse. Al problema judicializado por el corte de un río interprovincial, la tensión sumó un nuevo escalón este viernes cuando el fiscal de Estado mendocino determinó que no hay fundamentos para que fracase la licitación de la represa “Portezuelo del Viento”, resistida por La Pampa y por algunos sectores de la provincia cuyana.
Se trata de una represa considerada estratégica por Mendoza y que pretenden levantar sobre el Río Grande, en la localidad de Malargüe. Ni bien se planteó, el proyecto se ganó el rechazo de La Pampa bajo el principal argumento de que levantar un paredón sobre ese río para almacenar agua puede impactar negativamente en la cantidad y calidad de agua de su único río, el Colorado, límite natural con Río Negro. También se reclama un estudio de impacto ambiental integral ante las supuestas deficiencias del existente, otro de los puntos de conflicto que mantiene enfrentados a los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rodolfo Suárez (Mendoza).
Ese rechazo inicial se tradujo inmediatamente en una demanda contra el Estado mendocino en la Corte Suprema de Justicia ante el fracaso de un posible acuerdo en el Comité Interjurisdiccional para que el manejo de la futura represa esté gestionado de maneja conjunta por las provincias de la cuenca, es decir, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
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Sin avances en la instancia judicial y con un laudo presidencial que firmó el ex presidente Mauricio Macri en 2018 a favor de la construcción, los desembolsos del financiamiento nacional estimado en más de 1000 millones de dólares comenzaron a llegar a Mendoza. Sin embargo, en los últimos meses y tras la presentación de una única oferente en el proceso licitatorio, sectores mendocinos comenzaron a posicionarse en contra de la megaobra y presentaron dos planteos a la Fiscalía de Estado para que frene la adjudicación.
El dictamen
Tras algunas semanas de análisis y pedidos de informes, el fiscal de Estado Fernando Simón le dio el aval necesario al gobernador Rodolfo Suárezque podrá avanzar para concretar la obra.
Antes de hacerlo, analizó un planteo presentado por un grupo de abogados, entre ellos un ex ministro de la Corte mendocina, Alejandro Pérez Hualde. También hubo otro firmado por un representante de la Asamblea del Agua de esa provincia. Ambos cuestionaban una supuesta inviabilidad del proyecto debido a que iba a ser imposible el llenado de la represa a raíz de la fuerte bajante del caudal.
Portezuelo del Viento, la represa que mantiene enfrentadas a Mendoza y La Pampa.
En ese sentido, el dictamen de Simón indicó que “la crisis hídrica actual y su posible continuidad en el futuro, conforme lo pronostican diversos estudios, resulta un dato por demás preocupante respecto a la conveniencia de la obra”. “El análisis de las simulaciones concluye en que el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses, contados desde el momento de cierre de la presa”, sostuvo.
Otro de los cuestionamientos esgrimidos en los planteos era la posibilidad de que el Estado de Mendoza incurra en un delito al adjudicar la obra al único oferente, una Unión Transitoria de Empresas conformada por la recientemente estatizada Impsa, Obras Andinas y Sinohydro. A propósito de eso, el funcionario determinó: “La existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación. Considero que la licitación pública se ha realizado hasta la fecha de conformidad con el marco normativo vigente”.
Las reacciones
Justo en el día que se conoció la resolución, el gobernador mendocino se encontraba en plena visita oficial a la localidad de Malargüe, donde se pretende que se levante el paredón. Allí celebró el visto bueno de la Fiscalía de Estado, pidió que la obra no se demore más y hasta instó al presidente Alberto Fernández a que “le de un cierre” al conflicto.
“Desde el punto de vista jurídico con el laudo a favor de Macri, el tema está cerrado ya aprobado por el Comité Interjurisdiccional. Lo que ocurre es que La Pampa se opone y cuando cambió el gobierno plantearon que los estudios ambientales deben ser aprobados por el consejo de gobernadores y eso no está bien, debe ser por el comité ejecutivo que es donde están los técnicos”, manifestó.
Por otra parte, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, dijo a PERFIL que el dictamen no generó sorpresa en la provincia y expresó que “es increíble que se siga persiguiendo esto (Portezuelo) en Mendoza”, entre otros motivos porque “no va a poder ser sostenida, el río no tiene agua”. En tanto, días atrás, el gobernador pampeano avisó: “Vamos a activar todo tipo de mecanismos para que esa obra no se haga si no está el acuerdo de todas las provincias. No vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde, por eso enviamos una nota formal al gobierno nacional".
