miércoles 28 de septiembre de 2022
POLITICA JUICIO OBRA PÚBLICA

Cristina Kirchner: "No estoy ante un tribunal, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial"

La vicepresidenta, para que Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión, denunció que el Tribunal le "impide" el ejercicio de su derecho a defensa ante el "obsceno guión que montaron los fiscales".

22-08-2022 19:55

 

Cristina Kirchner afirmó este lunes que fue puesta "ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial" porque el tribunal de la causa por la obra pública le negó ampliar su declaración indagatoria el martes 23. Anticipó que, en su lugar "a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales".

"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019", escribió la vicepresidenta en Twitter.

El Tribunal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para ampliar su declaración indagatoria

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", argumentó.

La vicepresidenta dijo que instruyó a su abogado, Carlos Beraldi, "que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia" del 23 de agosto.

Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner: "Señores jueces, es corrupción o justicia"

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a "instituciones de bien público".

"El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: "Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas", expresó.

ds