El Tribunal Oral en lo Criminal 9 salió sorteado este martes para llevar adelante el juicio oral y público por presunto encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA en el que está acusada Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus exfuncionarios.
Así quedó establecido tras el sorteo informático realizado en sede de la Cámara Federal de Casación Penal. El elegido es el mismo tribunal en el que la semana pasada recayó el presunto caso de fraude en la obra pública en el que también está implicada la expresidenta junto a otras personas.
El juez federal Claudio Bonadio envió este lunes a juicio oral y público a CFK, a su exsecretario de Legal y Técnico Carlos Zannini, al excanciller Héctor Timerman y a otros exfuncionarios por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
El TOF9 es un tribunal nuevo, formado en diciembre del 2017 e integrado por jueces del fuero ordinario convertidos en jueces federales sin concurso por una ley que impulsó Cambiemos a fines de 2016 y el voto de la mayoría oficialista del Consejo.
Además, van a juicio Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado, el líder de Quebracho Fernando Esteche, el dirigente Luis D´Elía, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, su entonces segundo Juan Martín Mena, la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.
En prisión preventiva se encuentran Zannini, Esteche, D´Elía y Bogado. Por su parte Timerman logró revertir la prisión domiciliaria en enero pasado gracias a una decisión del juez subrogante Sergio Torres y a raíz de su delicada situación de salud, por la cual requería viajar a Estados Unidos para realizar un tratamiento.
Sobre Cristina Kirchner pesa un pedido de desafuero al Senado de la Nación, ordenado por Bonadio y aún sin tratarse, puesto que dispuso su prisión preventiva ante la posibilidad de que quiera eludir o bien entorpecer la investigación en su contra.
La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien cuatro días después apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero: en dos oportunidades fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por Ariel Lijo.
