El empresario Gerardo Ferreyra resultó beneficiado hoy con la prisión domiciliaria, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. Ferreyra estaba detenido desde el 1 de agosto pasado, cuando comenzó mediáticamente el caso, y era el último empresario que seguía tras las rejas. Con su excarcelación, que será con el uso de la tobillera electrónica, sólo quedan encarcelados por este caso, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta.
Ferreyra, propietario de Electroingeniería, es el único empresario que no fue excluido de la figura de asociación ilícita, como sucedió con los restantes involucrados en el caso que comenzó con las anotaciones del ex chofer, Oscar Centeno.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Ferreyra fue otorgada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
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En su resolución, los magistrados hicieron alusión a los riesgos procesales que podría acarrear la la excarcelación al tiempo que señalaron: “no podemos desatender que la defensa ha manifestado en reiteradas oportunidades que Gerardo Ferreyra se encontraría atravesando un delicado estado de salud derivado de su enfermedad de base, con un marcado deterioro físico desde el ingreso al penal, que podría poner en riesgo su vida, habiendo sufrido recaídas, adjudicadas por la parte, al estado de detención”.
Por lo que consideraron que, si bien su cuadro debe ser corroborado por el Cuerpo Médico Forense, “amerita adoptar una decisión inmediata con el fin de evitar que se produzca una afectación irreparable a los derechos fundamentales del imputado”.
Para todo ello, hasta tanto se concluyan los informes médicos encomendados y se definan de manera concreta las medidas de pruebas que puedan resultar pendientes, en las que efectivamente Ferreyra pueda tener alguna injerencia, los jueces consideraron “razonable ante las particularidades descriptas, imponer al causante una morigeración de su estado de detención, bajo una modalidad de restricción de menor entidad -como lo es el arresto domiciliario- fundado en razones humanitarias, pero adoptándose estrictas medidas de seguridad”.
Los camaristas dispusieron que Ferreyra esté dentro del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (pulsera y GPS), dependiente de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con supervisión semanal del Patronato de Liberados, designación de una persona que actúe como garante de las condiciones impuestas, entre otras particularidades.
En diciembre pasado, a la hora de resolver en el caso, los camaristas mantuvieron a Ferreyra como miembro de la asociación ilícita que operó en el país entre 2003 y 2015 entorno de la Obra Pública.
