Estamos presenciando de manera explícita cómo el ajuste de este gobierno viene por los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Me refiero al colectivo de personas con discapacidad (PCD). Desde principio de junio se están quitando, sin previo aviso, las pensiones no contributivas que reciben muchas PCD por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación bajo la excusa de aplicar más condiciones y requisitos a quienes precisan acceder a una pensión y reflotando un decreto del menemismo, el 432 de 1997.
En primera instancia es un error gravísimo invocar a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de indigencia, porque se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y fundamentalmente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que, desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo. Ya hace muchos años que no se aplica el concepto de indigencia a las PCD.
En segundo lugar, no hay una evaluación de las consecuencias de este ajuste, para las familias con un miembro con alguna discapacidad los gastos médicos suelen ser mucho más altos que la media. Por ejemplo, un audífono cuesta alrededor de 30 mil pesos y hay que cambiarlo cada cierto tiempo. De esta manera sacar las pensiones es restringirles el acceso a la salud y a una vida digna.
Por otra parte, la suspensión de las pensiones se está implementando sin evaluar caso por caso. Creo que es necesario hacer, al menos, un socio-ambiental antes de realizar semejante recorte.
Está claro que la decisión política del ministro Nicolás Dujovne es reducir el déficit fiscal y la mira está puesta en estas pensiones. El decreto 432 de 1997 le da un margen para ser usado en ese sentido ya que establece restricciones para acceder a la pensión como el hecho de tener auto, vivienda o vivir con un familiar que esté obligado a hacerse cargo de la persona que quiere solicitar el beneficio. Además, deja a criterio de la autoridad de aplicación evaluar otros elementos, los cuales no define, para negar una pensión no contributiva.
Como si fuera poco este proceso de quita de pensiones ha comenzado sin aviso ni precisiones lo que produce incertidumbre y temor en los beneficiarios que cuentan con ese ingreso para subsistir, el mismo ronda los 4.500 pesos por mes que no es suficiente si consideramos que la canasta básica asciende a 12 mil pesos. Como agravante este proceso de eliminación es automático y no está previsto un mecanismo para informar a los beneficiarios con antelación. Cuando se les da de baja no hay una instancia para hacer el reclamo. El ANSES no brinda información porque desconoce qué criterios se aplican para determinar la eliminación, lo mismo que el Ministerio de Desarrollo Social, porque al parecer el brazo ejecutor es el Ministerio de Economía.
Como vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de diputados estoy recibiendo varios casos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Por eso presentamos un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que se derogue el decreto 432 en las pensiones de las PCD, y al mismo tiempo, pedimos a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de personas con discapacidad (CONADIS) que asuma la defensa y mecanismos de demanda de quienes sufren esta problemática. Mientras que llevaremos a la Defensoría del pueblo un listado de las PCD para que inicien la vía legal del reclamo.
Considero alarmante la insensibilidad social del gobierno en relación a este tema, antes de aplicar quitas y reducciones sobre los más débiles, se podrían evaluar otras salidas para estas difíciles realidades. Un camino posible es la implementación de otros tipos de pensiones. Por ejemplo, en el 2016 he presentado un proyecto de pensión graduada para PCD, este se usa en algunos Estados de EEUU. Es una pensión que va fluctuando en su valor a lo largo de la vida pero la PCD nunca la pierde, la fluctuación depende de si trabaja y si su salario llega a la suma de varios salarios mínimo la pensión se disminuye, pero nunca se quedará sin ella, porque el objetivo es que no se quede sin obra social.
No podemos admitir que las PCD sean avasalladas en sus derechos adquiridos, nuestro reclamo va ser fuerte y en todas las instancias porque quitar las pensiones es sacarles a muchos argentinos que viven con algún tipo de discapacidad un derecho adquirido y la posibilidad de llevar adelante tratamientos médicos indispensables para su vida y salud.
(*) Diputada nacional del Partido Socialista.
