Uno de los jueces federales que mejor lo conocen solía explicar por qué las causas contra de Julio De Vido no avanzaban en la Justicia. El ex ministro de Planificación Federal lideraba un esquema en el que tomaba las decisiones pero delegaba las responsabilidades. Por eso, y porque contaba con inmunidad judicial debido a sus contactos en los tribunales federales, era más fácil para los magistrados tabicar los expedientes para que no alcanzaran a De Vido y sólo llegaran hasta las segundas líneas de su ministerio.
“Nunca puso el gancho en los expedientes que lo comprometían”, cuenta un magistrado.
La cartera de Planificación, encargada de distribuir la obra pública, estaba diseñada como una pirámide en la que las segundas líneas –los secretarios de Obras Públicas, Transporte, Minería y Energía– eran, en los papeles, los responsables de las licitaciones, convenios y acuerdos. Fue la lógica que utilizó Claudio Bonadio para no investigar a De Vido por la tragedia de Once, por ejemplo, y concluyó la responsabilidad del accidente ferroviario en los secretarios de Transporte. Tras la condena a los ex funcionarios, el tribunal oral le ordenó investigar a De Vido.
El cargo de De Vido era, para los jueces, una función política pero, decían, no alcanzaba para hacerlo penalmente responsable de las licitaciones sospechadas de corrupción. José López, ex secretario de Obras Públicas, era una de esas segundas líneas, pero tuvo más suerte –o amigos más poderosos– en la Justicia Federal que Ricardo Jaime. Las causas en su contra tampoco avanzaban. Ir contra López significaba golpear a De Vido, a los empresarios de la obra pública y a los Kirchner.
Hacia el final del mandato de CFK, De Vido comenzó a perder su protección. Fue necesario que López apareciera con casi US$ 9 millones para que las causas en su contra resurgieran en los tribunales.
