La Justicia, abogados vinculados a la ex Secretaría de Inteligencia y peritajes a su favor salvaron al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López durante ocho años. Al fin, después de un largo encubrimiento exitoso, fue el ex funcionario quien se enterró a sí mismo y volvió inevitable un avance en su contra en los tribunales federales.
El caso desnuda las debilidades y complicidades judiciales.
En 2008, López fue denunciado por enriquecimiento ilícito. A lo largo del expediente aparecen alertas que no fueron escuchadas e indicios que no fueron investigados. La principal causa en su contra estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas. Al fiscal del caso, Federico Delgado, no le cerraban los números. Sólo por tomar uno de los datos en su declaración jurada, López tiene dos terrenos en El Calafate de 600 metros cuadrados cada uno, declaró que valían apenas $ 10 mil y $ 6.600.
Dos años después de que el fiscal pidiera que se investigara el patrimonio de “Josecito” –como se lo conoce–, la causa continuaba sin novedades. La fiscalía pidió un informe al juez Rafecas y el magistrado dispuso en agosto de 2010 que se tasen los bienes de López. La pericia quedó a cargo del Cuerpo de Tasadores de la Corte Suprema. Los especialistas pidieron viáticos para viajar a Santa Cruz a realizar el estudio de los inmuebles de López en Río Gallegos y El Calafate.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que debía encargarse de impulsar las causas contra funcionarios públicos, presentó un informe que decía que había encontrado “inconsistencias” en la pericia de la Corte. Dos contadores tuvieron que ir a declarar.
En noviembre de 2011, luego de una nota de PERFIL, el fiscal Delgado pidió que declarara Graciela Bravo, ex esposa de un socio de López en su empresa La Araceliti. En Tucumán, de donde López y sus socios son oriundos, el divorcio de Gustavo Menocal y Graciela Bravo había agitado las aguas. La mujer habría dicho que su esposo era testaferro de López. Cuando declaró ante la Justicia, negó todo. López volvió a zafar.
La Araceliti era una empresa dedicada al cultivo de tabaco en Tucumán, pero luego se convirtió en constructora habilitada para realizar obra pública. La esposa de López, María Amalia Díaz, figuraba como presidenta de la sociedad y López, como director suplente. La firma figura en el expediente por enriquecimiento desde 2008. Fue allanada por primera vez el miércoles, ocho años después. No encontraron nada.
En 2013, continuaron apareciendo alertas e indicios, pero no fueron escuchados. La Oficina Anticorrupción, entonces alineada con el kirchnerismo, emitió una resolución en la que advertía al Poder Ejecutivo que se “abstenga” de contratar a la constructora. La gobernación y las intendencias de Tucumán quedaron afuera de la advertencia.
En el juzgado de Rafecas aseguran que “se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance y se rechazaron planteos (de la defensa de López) para cerrar la causa”. La Sala II avaló la decisión de Rafecas de no cerrarla. “Se investigó todo su patrimonio y el de sus familiares. El expediente tiene unas 4.600 fojas”, se defienden.
Cuando, en 2013, Sergio Schoklender señaló a López como uno de los responsables de la corrupción en la obra pública, la fiscalía pidió investigar los movimientos migratorios de López y su esposa ante una pista que conducía a posibles negocios en Brasil, Bolivia y Paraguay. Rafecas pidió que se levante el secreto fiscal sobre López en esos países. Pero la Sala II de la Cámara Federal declaró nulos esos exhortos del juez.
La defensa de López, como la de muchos funcionarios, estuvo a cargo del estudio de Darío Richarte, ex número dos de la Secretaría de Inteligencia. Hizo grandes esfuerzos para que la causa se cerrara, pero no lo lograron. Lo que sí consiguió López fue achicar el alcance del expediente y correr al fiscal Delgado de una nueva pista. Fue en 2013, cuando se vinculó a López con la constructora Rovella & Carranza. La defensa logró que se formara una nueva causa. Quedó a cargo de Norberto Oyarbide, con resultados predecibles.
En febrero, el fiscal Delgado pidió que el juez investigara a Andrés Galera, señalado como un supuesto “valijero” de López, y solicitó que se ampliara la investigación patrimonial a la suegra del ahora diputado del Parlasur. El juez aceptó. La semana pasada, tras el escándalo, López fue indagado por primera vez.
Constructora bajo sospecha
En 2013, la causa por enriquecimiento ilícito de José López sumó una nueva pista cuando el diario La Nación vinculó al ex secretario de Obras Públicas con la constructora Rovella & Carranza. Según el artículo, López había manifestado “interés” en que esa empresa ganara licitaciones pública. La compañía está en el puesto noveno de las más beneficiadas en la última década, de acuerdo a la lista que publicó el Gobierno el año pasado y que el ex ministro Julio De Vido y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encargaron de difundir. En la nómina, Rovella & Carranza está muy arriba de Austral Construcciones -de Lázaro Báez-, que figura en el puesto número 36. PERFIL accedió a la lista de licitaciones que el Gobierno le dio a esta firma entre 2005 y 2014. Suma más de $ 10 mil millones en contratos para obras facturadas al Estado Nacional en Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, San Luis, Formosa, La Rioja, Mendoza y Santa Fe.
Por decisión de la Sala II de la Cámara, el supuesto vínculo de López con Rovella & Carranza no pudo ser investigado en la causa por enriquecimiento ilícito. Se formó un nuevo expediente que quedó a cargo de Norberto Oyarbide.
