Una ONG denunció que la intendenta de Resistencia y precandidata del frente opositor Vamos Chaco, Aída Ayala, firmó una concesión de servicios a favor de una empresa novata y casi sin empleados. Pero eso no es todo: el dato más polémico es que la firma beneficiada con un negocio millonario tiene como socias mayoritarias a la actual pareja y a la madre del jefe de campaña de Ayala.
El Centro de Estudios Nelson Mandela (el mismo que realizó varias denuncias contra el gobierno de Capitanich por casos de desnutrición) afirmó el fin de semana pasado que el municipio concedió un negocio de $ 518 millones a PIMP SA, una empresa cuyas socias son la mujer y la madre de Alejandro Fischer, jefe de campaña de la radical Ayala y ex pareja de la hija de la intendenta.
Fischer se presenta en su cuenta de la red social Twitter como apoderado de la Fundación Construir, encargada de realizar la plataforma de gobierno de Ayala.
Al ser consultada por PERFIL sobre el vínculo con Fischer, Ayala dijo que “no voy a hablar de los novios de mi hija” y desestimó que su ex yerno fuera su jefe de propaganda electoral. Sin embargo, desde el propio seno del radicalismo confirmaron a este diario que Fischer sigue al frente de la campaña de Ayala, que es apoyada por Mauricio Macri, Sergio Massa y Ernesto Sanz en su carrera por la gobernación.
El Boletín Oficial de la Municipalidad del 2 de febrero de 2014 dice: “Contratación en locación de equipos para ser afectados al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos”. El costo del pliego, según publicó el Municipio, era de $ 249 mil. La Ordenanza 2873, que regula el Régimen de Contrataciones, establece que el pliego licitatorio debe tener un costo del uno por mil del total del presupuesto oficial para la contratación. Es decir, PIMP se quedó con un contrato de $ 249 millones. La adjudicación se otorgó por ocho años.
Un detalle que marca los escasos antecedentes de esta empresa es que recién en septiembre de 2014 PIMP dio de alta el Fondo de Salud Pública para poder incorporar empleados a su estructura. Para ese entonces, según denuncia el Centro Mandela, ya habría cobrado varios millones de pesos sin poder funcionar como empresa.
La segunda concesión de la gestión Ayala a esta firma es del 16 de abril de este año. Mediante la Resolución 796 se determinó que la empresa PIMP SA se encargará del retiro, el traslado y la disposición final de residuos sólidos no tradicionales de la ciudad de Resistencia, y cobrará por ese servicio 269 millones de pesos. La concesión es por ocho años.
