POLITICA

Denuncian a senadores que se negaron a votar el reemplazo de Zaffaroni

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat los denunció por “sedición”.

"Lo grave sería que como país de triangulación se nos metan las mafias, lo cual no se está produciendo, las de Rosario eran mafias locales", opinó Zaffaroni.
| Cedoc

Los senadores nacionales de la oposición que anunciaron que no aprobarían ninguna propuesta del Ejecutivo para un nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados por "sedición" por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

La renuncia del ministro Raúl Zaffaroni dejó una vacante en la Corte que el kirchnerismo quería ocupar con un ministro cercano a los intereses del oficialimso. Para evitarlo, la oposición en el la Cámara Alta firmó un compromiso para no votar ninguna de las opciones que proponga la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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La denuncia apuntó contra los senadores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando ‘Pino’ Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli “y todo otro" que haya suscripto el "compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema”. La causa recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.

"Ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de cubrir la vacante en la Corte, embistió Barcesat. “Las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal", resumió.

La decisión de los senadores opositores "denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático", plantea la denuncia. El artículo 230 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes "se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales".