El fiscal federal Carlos Stornelli será investigado por el supuesto delito de "violación de secreto" a raíz de la filtración al periodismo de su dictamen de desafuero, pedido de detención e indagatoria del diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación Julio De Vido.
Fuentes judiciales informaron que la denuncia penal contra el titular de la Fiscalía 4 fue presentada por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor del co-imputado y ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Fernando Lisse, que obtuvo la eximición de prisión.
El defensor argumentó que se enteró por los medios de comunicación que su cliente afrontaba un pedido de detención e indagatoria hecho por Stornelli, en vez de haber tomado conocimiento por el sistema habitual de tener acceso a todo el expediente y leer las novedades procesales.
Ya el juez federal Luis Rodríguez había considerado ayer que "asiste razón" a la defensa de Lisse porque el dictamen de Stornelli llegó al juzgado el martes a las 7.45 y luego saltó en los medios de comunicación "sin que las partes hayan podido acceder a su vista ni fotocopiado".
"Por ende, frente a la postura de la defensa en cuanto a la posible comisión del delito de revelado de secretos previsto por el artículo 157 del C.P., corresponde extraer los testimonios correspondientes para que otro juez intervenga al respecto", aseveró.
En el sorteo realizado esta mañana en la Cámara Federal, la denuncia contra Stornelli recayó en el juzgado federal 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.
El juez Rodríguez hizo ayer lugar al pedido de exención de prisión que presentó la defensa de Lisse y fundamentó que "la actividad procesal ya desplegada no se vio afectada por la intervención de las personas denunciadas, por lo que difícil es sostener que ello habría de ocurrir a partir de este momento".
Ese criterio del magistrado permite inferir que seguiría el mismo criterio con el resto de los 23 imputados por Stornelli, incluido el diputado y ex ministro de Planificación: dejarlos en libertad bajo juramento porque no hay riesgos para disponer los arrestos.
