La empresa Techint fue denunciada hoy por primera vez en la Argentina por el presunto pago de coimas a funcionarios brasileños. La presentación es una investigación preliminar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), confirmaron fuentes judiciales a PERFIL, y pone en la mira de la Justicia federal a Ricardo Ouriques Marques, director general de Techint en Brasil; a Carlos Bacher, CEO de Techint Ingeniería y Construcción en Argentina; y a Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, dueño de la compañía.
La denuncia por supuesto cohecho quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, quien deberá decidir si abre una causa penal por el caso.
En Brasil, Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí. De acuerdo a un documento del Ministerio Público Federal de ese país, al que accedió PERFIL, una de esas obras en Angra3, una usina nuclear que encargó la empresa estatal Eletrobras Eletronuclear y que pertenece al Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
La obra está ubicada en Praia de Itaorna en Angra dos Reis, Río de Janeiro. Consistía en el montaje electromecánico de la central en dos etapas.
Aunque los pagos se habrían realizado en Brasil, la Procelac determinó que la filial de Techint en Brasil actúa bajo el paraguas de la central argentina, que funciona como centro operativo de la compañía en la región. Por eso, pide que se investigue a la casa matriz. En Argentina, la empresa deslindó responsabilidades y argumentó que la compañía tenía autonomía en ese país.
Las licitaciones de la usina se realizaron entre 2012 y 2013 y se adjudicaron en 2014. De acuerdo a los documentos de la causa Lava Jato, los sobornos por esta obra alcanzaron los 30 millones de reales, unos US$ 10 millones. Equivalen al 1 % de los contratos de dos licitaciones, que alcanzaron los US$ 1.000 millones.
Las coimas se habrían destinado al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), espacio político del actual presidente Michel Temer, y a funcionarios de la empresa estatal que entregó la licitación, Eletrobras Eletronuclear. Así lo declaró el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra.
Por este caso, el titular de Techint en Brasil, Ourique Marques, fue indagado en julio de 2015. Los medios informaron que había sido detenido, pero en la empresa aseguran que fue una "declaración voluntaria" del ejecutivo ante la Policía Federal, luego de un allanamiento en sus oficinas. Techint deberá pagar una multa -al igual que sus socias- y ya no puede presentarse a contratos de obra pública en Brasil. La empresa está en desventaja para seguir operando porque, al contrario de Odebrecht, no admitió delitos ni colaboró en las delaciones premiadas.
Procelac pidió que se investigue si las órdenes y pagos podrían tener origen, aprobación o conexión directa con la central argentina y si hay ejecutivos locales involucrados en el caso. Para ello presentaron algunos de los testimonios de los arrepentidos en Brasil que mencionaron a Techint y el organigrama completo del universo empresario construido por Paolo Rocca. El objetivo fue demostrar el rol preponderante de Techint Argentina en la toma de decisiones operativas en otros países.
Quien más comprometió a Techint en Brasil -hasta ahora- es Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las constructoras del club que se quedaba con las obras. Según el documento al que accedió este medio, Avancini declaró ante las autoridades que las licitaciones estaban direccionadas para que dos grupos de empresas ganaran dos obras de la usina: Angra03 (recibió un contrato por 1,3 mil millones de reales, más de US$ 414 millones) y Una03 (otro por 1,7 mil millones de reales, casi US$ 542 millones). Cada grupo armó su consorcio.
Techint se alió con EBE y Queiroz Galvao y armaron el consorcio Angra03. Mientras que Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC y Odebrecht formaron Una03. Sin embargo, los dos consorcios terminaron trabajando en conjunto y formaron Consorcio Angramon.
Avancini también admitió que en una reunión de agosto de 2014, realizada en la sede de la compañía UTC -una de las participantes-, las empresas acordaron el pago de "propinas" o sobornos a funcionarios de Eletronuclear, entonces comandada por Othon Luiz Pinheiro Da Silva, y al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB).
En esa reunión, Techint estuvo representada por el brasileño "Ricardo Ourich u Ourique". Para las autoridades es Ricardo Ouriues Marques, director general de la compañía en Brasil.
Un empresario aliado de Techint, Ricardo Pessoa, declaró como arrepentido y aseguró que "era posible verificar el trato dispar entre las empresas que pagaban o no pagaban soborno” y que “sabía que Techint, por ejemplo, no pagaba ningún soborno".
Pero Pessoa fue identificado por el presidente de Camargo Correa como el encargado de gestionar las coimas para la obra de Angra3.
En tanto, Othon Luiz Pinheiro da Silva, el presidente de Eletrobras Eletronuclear y quien adjudicó las obras en la usina, canalizó las coimas de las constructoras a través de una empresa a nombre de sus hijas y su esposa: Aratec Engenharia Consultoria & Representaciones LTDA. Esa empresa recibió dinero de Techint, según surge de la causa en Brasil.
La firma prestaba supuestos servicios a las constructoras. Venía cobrando desde 2004 y lo siguió haciendo hasta 2015. Su pico de facturación fueron los años en que adjudicó estas obras de la usina. Techint, Camargo, y UTC le depositaban pagos por sus “servicios”. Para la Justicia brasileña son pagos indebidos.
El presidente de Camargo también contó que para garantizar la cartelización algunas de las empresas que se quedaban afuera del negocio acordaban contratos privados con las ganadoras para tercerizar parte de los servicios y así contentar a quienes, de entrada, sabían que no podrían siquiera participar de las licitaciones. El pliego de condiciones, contó, estaba diseñado para que sólo esos dos grupos de empresas puedan ganar la licitación y repartirse las dos obras en cuestión.
Sin embargo, algo salió mal. Un grupo de empresas impugnó la licitación y el caso llegó al Tribunal de Cuentas de Brasil. El organismo detectó las mismas irregularidades que detalló el presidente de Camargo Correa a las autoridades: calificó las condiciones del pliego como "extremadamente restrictivas".
PERFIL se comunicó con voceros de Techint, quienes afirmaron que la obra estuvo a cargo de Techint Engenharia e Construção (TEBRA), su filial en Brasil. “Es una sociedad independiente y autónoma con sus propios órganos de administración y su propio estatuto de control. No tiene funcionario alguno imputado por cohecho en Brasil en el marco de las investigaciones judiciales que vienen llevándose a cabo, en relación al contrato de Angra3 ni tampoco a otro contrato”.
En la empresa agregaron: “Techint Engenharia e Construção realizó una auditoría interna, de la cual no surgió ninguna indicación de hechos de corrupción vinculado a su accionar, que actuó conforme a la legislación” y afirmó que Angra3 “tuvo un avance inferior al diez por ciento, dado la falta de fondos de la empresa contratante Electronuclear”.
Detrás de escena. La Procelac intervino en el caso por una notificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encargada de velar, entre otras cosas, por la transparencia en la competencia empresarial. La organización internacional se hizo eco de las noticias que los medios de Brasil publicaban sobre la supuesta participación de Techint en el Lava Jato y la detención momentánea de uno de sus principales ejecutivos. Así lo confiaron fuentes judiciales.
Ahora, el juez Ramos debe enviar la denuncia a la fiscal Ochoa, quien podría abrir un nuevo capítulo del Lava Jato en la Argentina. Por primera vez, el escándalo golpearía de lleno a una de las multinacionales más importantes del país.
Techint ya estaba siendo investigada por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de otra Procuraduría, la de Investigaciones Administrativas (PIA), y encargado de las negociaciones con Odebrecht a nivel judicial. Techint es parte de un expediente en el que se indaga si el esquema de cartelización del Lava Jato se repitió en la Argentina, es decir, si la compañía actuó en cartel con Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y la otra argentina del clan, Contreras Hermanos, para pagar sobornos a funcionarios argentinos en post de garantizarse contratos de obra pública.
Sin embargo, en esta nueva denuncia, Techint está señalada por el posible pago de coimas a funcionarios brasileños. Ambos casos desnudan posibles delitos transnacionales.
