Legisladores y dirigentes de la oposición presentaron una denuncia penal al presidente Alberto Fernández, para que se lo investigue por posible delito de “abuso de autoridad” por la designación de los abogados Carlos Beraldi y León Arslanian como integrantes del Consejo Consultivo que asesorará sobre la reforma judicial.
La propuesta de ley que el Presidente envió al Congreso, crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho para, en palabras del presidente, "repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público" y hacer propuestas, lo que generó el rechazo de la oposición por quienes lo integran.
La denuncia que cuestiona la decisión del Presidente de que los defensores de Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Echegaray sean parte de ese consejo, lleva la firma de los Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, diputados y dirigentes de la Coalición Cívica, cercanos a Elisa Carrió e integrantes de Juntos por el Cambio.
“Resulta evidente, como lo es en tantos casos en los que se presentan conflictos de interés, que la tarea desarrollada por el Dr. Beraldi y el Dr. Arslanian en la esfera privada, puede colisionar, con el asesoramiento que brinda al Presidente de la Nación, y por lo tanto no debían ser parte del Consejo Consultivo mencionado”, señala el escrito.
La oposición sostiene que el Presidente de la Nación “violó la normativa vigente” y la interpretación que hace la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación al decidir avanzar en la nominación de Beraldi y Arslanian. “Desconocemos las razones por las cuales el Dr. Fernández decidió elegir, entre todos los abogados especialistas, con trayectoria académica y profesional, elegir justo dos personas que representan en juicios penales nada menos que a la Vicepresidenta de la Nación, en un caso, y a un ex altísimo funcionario del gobierno de la actual Vicepresidenta”, manifiesta la presentación.
En tanto, exponen que en el caso de la elección de Arslanian, ex ministro de Justicia de la Nación y abogado del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, los conflictos de intereses “también involucran al propio Presidente de la Nación”. Allí argumentan que fue “investigado y procesado por beneficiar a la empresa Oil Combustibles”, propiedad del Grupo Indalo, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En ese marco, suman: “Casualidad o no, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue asesor o consultor, del mismo grupo empresario, y acaba de enviar una ley al Congreso de la Nación que beneficia puntual y extraordinariamente a dicho grupo empresario”, en referencia a la ley de moratoria impositiva que logró media sanción en Diputados días atrás.
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Los firmantes consideran que los conflictos de interés no son desconocidos por el jefe de Estado, por lo que, dicen, “la invitación efectuada a los Dres. Beraldi y Arslanian, se subsume, por estas razones, en el tipo penal de abuso de autoridad”.
Entre las medidas de prueba, sugieren que se requiera que Carlos Alberto Beraldi y León Carlos Arslanian que informen los clientes que tienen o han tenido en los últimos 8 (ocho) años, que informen los juicios en los cuales se encuentran interviniendo, y el requerimiento a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro de la Nación el envío de los dictámenes referidos.
Ante las críticas que generó la presencia de Carlos Beraldi como uno de los once juristas que integran el Consejo Consultivo, el abogado penalista desmintió días atrás que ser el abogado de Cristina Kirchner y asesorar al Presidente sobre posibles cambios en la justicia represente un conflicto de interés. “Yo no tenía duda de que me podían cuestionar, pero no con un argumento serio ni con una razón de peso concreto, ni jurídica ni ética. Yo integro solamente un consejo consultivo sobre cuestiones de las que he venido trabajando durante 30 años”, explicó en diálogo con FM Milenium.
La denuncia completa:
