Ocho detenidos y la sospecha de una banda que se dedicaba a vender secretos y nada menos que fiscales. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral volvió este jueves de sus vacaciones en José Ignacio, Uruguay, y activó ayer una causa sensible para el Gobierno: la que se abrió a pedido de la AFIP luego de que el periodista Horacio Verbitsky revelara que funcionarios, familiares y allegados del presidente Mauricio Macri habían blanqueado millones de dólares en el sinceramiento de capitales que en 2016 le dio aire a las arcas oficiales. En la lista aparecían el hermano del Presidente, Gianfranco Macri; el primo del jefe de Gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña Braun; Nicolás Caputo y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas.
“Estamos convencidos de que hubo un sabotaje”, habían dicho a PERFIL allegados a Alberto Abad en septiembre pasado, cuando este diario público que la investigación estaba avanzando. Para esa altura ya había rodado la cabeza del subdirector General de Sistemas y Telecomunicaciones Jorge Enrique Linskens, que tenía a cargo el resguardo de los datos, y se habían ordenado autorías internas y externas.
El fiscal Federico Delgado impulsó la investigación para saber quién accedió a esa información secreta, dejando claro que Verbitsky estaba a salvo de sospechas. El caso manejó con extrema reserva: es que los “topos” seguían en funciones, señalaron las fuentes a PERFIL.
La misión le tocó a agentes de la AFIP y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ‘desencriptaron’ computadoras, hicieron investigaciones informáticas “espejos”, entrecruzaron datos y montaron escuchas telefónicas. Con todo eso, se dieron cuenta que el negocio funcionaba desde el 2010. La clave: empleados infieles que vendían información a empresas y empresas que las comercializaban en el mercado. Una de las hipótesis es que también podían modificar a pedido deudas fiscales.
De acuerdo a las fuentes, expertos del área Informática y de Sistemas de la AFIP habrían desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del ente recaudador en forma remota. Desde ahí, filtraban la información sin dejar rastros y sin poder ser detectados.
Las sospechas de la investigación apuntaron a una empresa de reportes crediticios conocida como Reportes Online, señalaron fuentes que trabajaron en el caso.En su página web, Reportes Online se jacta de ser líder en el suministro de información con “la más completa base de datos sobre personas físicas y jurídicas de toda la República Argentina”. Entre sus clientes figuran entidades financieras de primera línea (bancos y tarjetas de crédito), compañías de seguros, empresas de cobranza, telefónicas, energéticas y petroleras. Incluso, aparece el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Con la causa bajo secreto de sumario, Canicoba ordenó ayer unos 18 allanamientos en casas de empleados sospechosos y en oficinas de la AFIP, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los operativos, coordinados por la Gendarmería Nacional, incluyeron un procedimiento en el barrio cerrado La Deseada, de Ezeiza. En uno de los operativos se halló hasta medio millón de dólares.
Según las fuentes, el empresario Leandro Rodríguez, dueño de Reportes Online, está prófugo .Y entre los pedidos de detención había cinco funcionarios de la AFIP, un supuesto agente de bolsa y dos empleados de la empresa ADS, que serían indagados mañana en los tribunales de Retiro.
Familiares del poder
“El que no entre al blanqueo, que se prepare para el peor escenario”, decían desde el Gobierno a mitad del 2016. Era abril de 2017 y los diarios hablaron del blanqueo más exitoso de la historia, con US$ 116.800 millones sincerados. Pero algo sucedió en el medio: en una extraña pirueta el Gobierno resolvió por decreto modificar la reglamentación de la ley para habilitar el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo, algo que había sido expresamente rechazado en el Congreso.
El tema se convirtió en un dolor de cabeza para la Casa Rosada cuando. en agosto último y desde Página/12, el periodista Horacio Verbitsky reveló que el hermano del Presidente, Gianfranco Macri; el primo del jefe de Gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña Braun; Nicolás Caputo y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, participaron del sinceramiento fiscal y repatriaron en total unos u$s132 millones.
“Que mi hermano haya blanqueado es un derecho que le daba la ley”, respondió Macri en octubre pasado. Para esa altura, Verbitsky se alejó de Página y se había activado ya una denuncia por lavado de dinero contra el dueño del diario Víctor Santa María.
