El juez federal Sebastián Casanello elevó este jueves a juicio oral y público, la causa Skanska, en la que están involucrados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, junto a otros casi 30 acusados de administración fraudulenta y cohecho.
La causa data del año 2005, pero estuvo paralizada entre 2011 y 2016, cuando la Cámara de Casación se expidió sobre la validez de una escucha y la investigación pudo reactivarse. Desde entonces, el juez Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, avanzaron con el expediente en el que se investigó el supuesto pago de coimas a través de facturas falsas con el objetivo de que la empresa sueca fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
"Este accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos, por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, aquellos que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por Skanska con destino al pago de sobornos", sostuvo hoy el magistrado en su resolución, a la que accedió el diario PERFIL.
Skanska, un patético caso testigo de nuestras obscenidades
A De Vido y López, junto a Néstor Ulloa, entonces Gerente General de Nación Fideicomisos SA, se les atribuyó “el haber recibido dinero por parte de directivos del grupo económico Skanska”. Por lo que, “a cambio de ello, como contraprestación, los funcionarios intervinieron en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado “Proyecto de Expansión de Gas 2005” (vinculado a la realización de obras de las firmas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur), mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska SA, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.
Casanello agregó: “En esa línea se corroboró que percibieron pagos instrumentados por directivos y dependientes de la empresa Skanska SA, extrajeron trece millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos con ochenta y siete centavos ($13.949.829,87), con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo”. Por lo que “cada uno de los funcionarios públicos, conforme al cargo que revestían en aquel momento, violaron e incumplieron sus deberes, quebrando la confianza depositada en ellos”.
En el escrito se detalló: “En la ejecución del hecho tomaron parte, prestando una colaboración sin la cual no habría podido cometerse, los representantes de la filial argentina de la multinacional sueca (Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba), quienes contribuyeron en la materialización de parte del menoscabo ocasionado al patrimonio del “Fideicomiso Gas””. A lo que el juez agregó que todos estos, “desde la actividad que desplegaban dentro de la empresa, efectuaron pagos de sumas de dinero a los funcionarios públicos nacionales – Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Néstor Alberto Ulloa-, con el objeto de que seleccionaran irregularmente a Skanska SA en las contrataciones del “Proyecto de Expansión de Gas 2005””.
Carlos Russo: "PERFIL fue el único medio que publicó durante meses el caso Skanska"
La investigación:
La causa tiene como eje el proyecto de Ampliación de Gas 2005, que preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos (los sistemas norte (TGN) y sur (TGS)), el acondicionamiento de las plantas compresoras y la construcción de una nueva planta. La idea original era que las obras serían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso y las presuntas coimas -pagadas en forma de sobreprecios- se habrían concretado luego de que se modificara la forma de licitación.
De acuerdo a la investigación, las diferencias entre los precios presupuestados para todas las obras y lo pagado se estima en 185 millones de pesos, aunque las obras que comprendieron los tres contratos de Skanska ascendieron a aproximadamente 82 millones de pesos.
La causa se inició en 2005 y, en una primera instancia, una grabación clave de un directivo de Skanska había sido declarada nula, lo que permitió, por ejemplo, que resultaran sobreseídos Ulloa y otros acusados como el ex secretario de Energía Daniel Cameron, que luego fueron procesados.
En 2016, y tras una orden de la Corte Suprema de revisar la validez o no de aquella prueba, la Cámara Federal porteña dio por válidas las grabaciones y Casanello dispuso las indagatorias de De Vido y López, a pedido de Stornelli.
En desarrollo...
CD/MC
