A partir del 1 de enero, y tal como estaba dispuesto en la adenda del pacto fiscal firmada por el gobierno nacional y la mayoría de los gobernadores, la responsabilidad de la tarifa social eléctrica pasó a manos de las provincias, que debieron decidir si sostenerla o no con recursos propios. Desde entonces, solo ocho provincias dispusieron otorgarla en los mismos términos que existía hasta diciembre pasado.
La mayoría de los jefes provinciales alegaron falta de recursos y se volcaron por mantener solo parcialmente el beneficio o paliar el impacto fortaleciendo los subsidios provinciales con los que ya contaban. Otros optaron por no tomar ninguna medida alternativa para morigerar el impacto en las boletas.
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, gobernadas por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (Cambiemos), fueron dos de los ocho territorios que se hicieron cargo con recursos propios de la tarifa social eléctrica tal como existía hasta el 31 de diciembre de 2018. Subsidian el 100% del costo mayorista de los primeros 150 kilovatios hora (kwh) consumidos por mes y el 50% de los siguientes 150 kwh. No fueron los únicos: también mantuvieron este esquema Formosa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Entre Ríos.
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Otras provincias decidieron sostener el subsidio pero por un período de tiempo acotado y solo a los fines de suavizar el impacto y no trasladar el nuevo costo abruptamente en meses de verano, donde el consumo de electricidad es superior. En el caso de Jujuy, decidió mantenerlo tres meses, Corrientes lo está sosteniendo mientras evalúa un nuevo esquema; Córdoba se hizo cargo durante tres meses del 50% del beneficio y Santa Fe, lo hizo durante el primer bimestre (mantuvo la tarifa social provincial).
Esta provincia al igual que Chubut, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y Formosa no adhirieron a la adenda del Pacto Fiscal 2018. Esta última, gobernada por Gildo Insfrán es la única de este grupo que, pese a no haber dado su conformidad con el traspaso de la responsabilidad, se hizo cargo con recursos propios y mantuvo el beneficio mediante el programa provincial Esfuerzo Formoseño, que subsidia el 100% del cargo variable a los primeros 150 kwh y el 50% restante a quienes consuman menos de 300 kwh por mes.
Muchas provincias como Santa Cruz o Salta ya contaban con programas de subsidios provinciales al servicio de electricidad y, ante el traspaso de Nación, ofrecieron como única alternativa a quienes se quedaron sin el beneficio de la tarifa nacional postularse para obtener esa ayuda, en caso de que no la tuvieran ya. En otros territorios se crearon programas específicos para compensar parte de la pérdida del subsidio, pero basados en montos fijos y no atados al nivel de consumo. En Chaco, por ejemplo, se creó a fines de febrero el programa Chaco Subsidia, que otorga una ayuda de entre $403 y $544, y en La Pampa se lanzó el programa Asistencia Social Pampeana, que ofrece $300 por núcleo familiar. En provincias como Chubut, Tucumán y Santiago del Estero no se aportó ninguna solución alternativa a la quita del subsidio nacional.
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