El Gobierno está bosquejando el instructivo para acelerar el ajuste sobre los millonarios subsidios energéticos. Funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Energía están estudiando alternativas para recortar transferencias a ese sector por alrededor de $ 50 mil millones en 2019. Es decir, una sexta parte de los $ 300 mil estipulados esta semana por Nicolás Dujovne para cumplir con las exigencias del FMI.
De acuerdo con el reporte del staff al directorio conocido ayer, una de las claves del ahorro fiscal será la “reducción de los subsidios ineficientes a la energía y el transporte”. Según estimaciones privadas, el ajuste a los subsidios a la energía superará los US$ 1.700 millones en 2019.
En Hacienda barajan distintas alternativas para alcanzar ese número. Una es recortar la subvención al suministro de gas que perciben los hogares de la Patagonia, que tras la privatización del sector gasífero, a principios de los 90, pagan tarifas más económicas. “Es una posibilidad que está en estudio”, indicaron desde la cartera.
Otra línea de acción es reducir los subsidios al gas que consumen las centrales eléctricas. En cualquier caso, el ajuste que prepara el Gobierno impactará en los ingresos de las empresas productoras como YPF, Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall, entre otras. Las empresas lo saben. Lo que no terminan de ponderar es la magnitud del recorte.
Preocupación en el sur. El Estado destinará este año cerca de $ 9 mil millones para que las tarifas residenciales de gas de la Patagonia, de la Puna y de Malargüe cuesten casi la mitad que en el resto del país. El plan original era que los subsidios a la región patagónica se eliminen en 2022. Los tiempos se acelerarán. Las facturas de gas aumentarán, en promedio, un 25% a nivel nacional, pero las subas en la Patagonia serían más altas.
“Tampoco es correcto subsidiar a todos los hogares de la Patagonia. Estamos estudiando expandir la cobertura de la tarifa social para los usuarios de menores ingresos, pero el compromiso con el Fondo nos obliga a ir más rápido”, reconoció un funcionario bajo reserva de nombre.
Los hogares de la Patagonia pagan a razón de US$ 2,20 por millón de BTU por el gas que consumen. La media a nivel nacional ronda los US$ 4,68. El Estado canaliza la mayor parte de los subsidios patagónicos a través Camuzzi Gas del Sur. La gasífera controlada por Disvol, la firma de Alejandro Macfarlane, distribuye el gas importado que llega por barco (GNL) a las terminales de Escobar y Bahía Blanca. Ieasa, la nueva denominación de Enarsa, vende a pérdida ese gas. El Gobierno quiere empezar a revertir esa situación a partir de octubre.
Gas para usinas. La otra pata del ajuste gasífero contempla una baja de los subsidios a la generación eléctrica. Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista, abona US$ 5,20 por el gas que consume el parque termoeléctrico. Es una cifra discrecional definida en 2016, en los albores de la gestión de Juan José Aranguren.
La apuesta del Ejecutivo es que se empiece a pagar entre US$ 4 y US$ 4,50 a partir de octubre. Son cifras similares a las que paga el segmento residencial. En términos fiscales, la iniciativa permitiría ahorrar alrededor de US$ 550 millones.
