Mientras respiran con algo de alivio al ver cómo el dólar se desinfló parcialmente esta semana –para calcular el próximo aumento de tarifas de gas del 1º de abril se tomará en cuenta la cotización promedio de la divisa durante la primera quincena de marzo que terminó ayer–, los funcionarios de la Secretaría de Energía y del Enargas están trabajando en una depuración del universo de hogares que recibe tarifa social. En la práctica, es un descuento en la factura que beneficia a casi 2 millones de hogares, casi un 25% de los más de 8 millones usuarios domiciliarios de gas natural que existen en todo el país.
El programa se lanzó en 2016 durante la gestión del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el objetivo de proteger a los usuarios de menores ingresos del fuerte incremento tarifario que inició ese año. El Sintys, el organismo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley, cruzó una serie de variables económicas, previsionales y territoriales para determinar la cantidad de hogares bonificados.
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Pero ahora el Gobierno avanzó con una evaluación más profunda de esos indicadores a fin de depurar esa base de datos. Para hacerlo, la Anses realizó un estudio de georreferenciación de los beneficiarios para cotejar también otros elementos que, en principio, no estaban contemplados. Así, llegó a la conclusión de que hay usuarios que reciben descuentos en sus facturas –en los hechos, pagan un menor precio de gas que consumen– con capacidad económica para pagar la tarifa plena.
“Confirmamos que hay usuarios beneficiados con recursos para abonar la factura plena. Por ejemplo, verificamos que hay personas que cobran una baja jubilación pero viven en edificios de la zona más exclusiva de Recoleta u otros barrios de alto poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó a PERFIL un funcionario que pidió la reserva de nombre.
“Aún no se avanzó con un estudio más fino en barrios privados del Conurbano, pero es lo que sigue”, agregó otro.
Por el momento, nadie se anima a hablar de cifras concretas. Pero por el tamaño del programa, cualquier recorte involucraría a miles de personas. “La decisión está verde aún”, comentaron fuentes cercanas a la Anses. Funcionarios del organismo previsional se reunirá el próximo miércoles con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con el recorte de la tarifa social entre los temas de agenda. Lopetegui estuvo esta semana en Estados Unidos reunido con empresarios petroleros e inversores con el objetivo de conseguir inversiones para Vaca Muerta y proyectos de infraestructura energética.
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La lista de beneficiarios de la tarifa social incluye a jubilados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que percibieran una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, inscriptos en el monotributo social, empleadas del servicio doméstico, personas que cobran seguro de desempleo, beneficiarios de programas sociales, discapacitados y titulares de pensión vitalicia por ser veteranos de guerra. La revisión de la tarifa social del gas podría ser solo el primer paso para revisar todos los servicios.
Habrá que ver si el titular de Energía autoriza el ajuste justo tras un trimestre en el que la aceleración de la inflación deterioró el poder adquisitivo de sectores medios y populares. Es una decisión difícil, porque la próxima suba de tarifas llegará al 30% y les meterá mucha presión a las facturas del invierno.
