El juez Claudio Bonadio procesó a 25 personas que trabajaron durante la gestión de Florencio Randazzo en el Ministerio del Interior y Transporte por apropiarse supuestamente de 50 millones de pesos donados por Naciones Unidas para programas de desarrollo.
La denuncia surgió a partir de una investigación de PERFIL que en 2013 identificó al empresario Eduardo Wassi, de la firma de informática Dinatech, como favorecida en los contrataciones del Ministerio del Interior. La firma pasó a tener un patrimonio neto de 77 mil pesos en 2004 a superar los 400 millones de pesos en el 2011.
Ante las denuncias en torno a los contratos, el entonces ministro puso en marcha una auditoría interna y se presentó como denunciante. La jugada permitió cubrirse frente a las investigaciones que lo tenían en la mira.
La digitación de contratos se expandía más allá del Ministerio de Interior y conectaba con el programa de las Naciones Unidas.
La investigación judicial detectó que había contratos que ponían “en duda su transparencia y confiabilidad”, que faltaban “controles en los procesos de adjudicación” y que, por lo tanto, los bienes de los empleados investigados podrían haberse obtenido con dinero fraudulento de las arcas del Estado, según detalla el juez en el pronunciamiento.
Sin embargo, el procesamiento finalmente cayó sobre las espaldas de una veintena de personas que trabajaban en el ministerio pero Randazzo quedó fuera de la investigación. Ahora los acusados denuncian que existe un acuerdo entre la Justicia y el ex funcionario para “apuntar hacia abajo” y salvar al entonces ministro.
“Randazzo se favoreció con publicidad gracias a los contratos, no puede decir ahora que los desconocía; yo no me enriquecí pero parece que ahora quiere ser candidato de nuevo y apunta a quienes eran sus empleados”, se descargó en diálogo con PERFIL Lourdes Giménez, quien durante años fue mano derecha del ministro en las negociaciones con los contratistas.
Ayer, Bonadio resolvió los procesamientos por los supuestos delitos de “defraudación contra la administración pública” y “lavado de activos”, a la vez que dispuso embargos de dinero más bienes y, para algunos, hasta prohibiciones de salir del país. No tocó a Randazzo. La lista de encausados está encabezada por los ex ejecutores dentro del Ministerio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Esteban Pablo Sáenz Rico, Giménez y Héctor Damián Mazza, más otros 22 ex empleados de la cartera en la época en que la dirigía Randazzo.
“En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros aproximadamente cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), en el período comprendido entre abril del año 2009 y mayo de 2013 aproximadamente”, sostuvo el juez. Los contratos con el PNUD no sólo fueron definidos en el Ministerio del Interior sino también en Economía, durante la gestión de Amado Boudou, y en Anses. Parece que sólo estaban al tanto los empleados.
