La Cámara de Diputados convirtió esta medianoche en ley el proyecto conocido como Argentina Digital, que regula el sistema de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. El oficialismo consiguió 131 votos a favor del proyecto, que fue rechazado por 97 diputados de la oposición.
“Argentina Digital” abre el mercado a un competidor importante como son las compañías telefónicas al servicio de televisión por cable, aunque les prohibe brindar televisión satelital.
Minutos después de las 20, se inició el debate de la norma y el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, el oficialista Mario Oporto, fue el encargado de defender la propuesta del oficialismo. Afirmó que la iniciativa tiene el “objetivo de universalizar el acceso a la tecnología de la información y de las comunicaciones” (TIC), al tiempo que añadió: “Nuestro modelo de inclusión social hoy va por la inclusión digital”.
Al analizar las bondades del avance tecnológico, el bonaerense remarcó que el oficialismo cree que “las TIC deben ser de interés público y que las comunicaciones deben ser un derecho humano”. Reseñó, además, que el oficialismo defiende “la inviolabilidad de las comunicaciones y su privacidad”, así como define que “el espectro radioeléctrico y satelital son de dominio público” y, también, explicó que “la Argentina se encuentra en el grupo de países previo a los avanzados, en los transicionales y ha avanzado en un 56 por ciento su índice de digitalización“.
“Las privatizaciones de los ’90 nos dejaron una alta concentración del servicio de las TIC, donde cuatro compañías repartían el 85 por ciento de la facturación”, recordó el legislador.
Desde la oposición, la mayoría de las exposiciones fueron en contra de la propuesta del Gobierno, como la del representante del Frente Renovador Felipe Solá, quien sostuvo que “esta ley, como bien dijera la diputada Camaño (Graciela, Frente Renovador), la diputada Stolbizer (Margarita, GEN), el diputado Lozano (Claudio, Unidad Popular) y otros más” se ha perdido la oportunidad “de regular la telefonía móvil”. Y reseñó que “la telefonía móvil, un elemento central para buena parte de los argentinos, es un mercado salvaje que le impone al consumidor cualquier tipo de condición” e insistió: “se ha perdido la oportunidad de establecer condiciones de servicio público, vinculado al consumidor para defenderlo”. Y, si bien, reconoció que “hubo una sana reparación en el Senado” de la normativa, consideró que “no se resolvió el problema de fondo”.
A las voces disonantes se sumaron, entre otras, la del socialista Roy Cortina, quien dijo esta ley significa “concentración económica y más poder para las telefónicas”, y la del macrista Federico Pinedo, quien advirtió que “hacen falta inversiones enormes e innovaciones en el área de telecomunicaciones; lamentablemente, la incertidumbre que genera esta ley impedirá que esto suceda”.
La norma, según sus fundamentos, busca alentar la competencia en el sector al permitir que una Pyme o una cooperativa proveedora de internet pueda llegar a cualquier punto del país pese a no tener infraestructura propia. Respecto a los usuarios, permite que puedan optar por el prestador de los servicios sin importar cuál de ellos llega con infraestructura propia a la zona de residencia, y define a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) como “servicio público en competencia”.
También, obliga a las TICs a suministrar acceso e interconexión a otros operadores y la regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares. Además, se reestructurarán los servicios incluidos dentro de lo que se denomina “Servicio Universal”, que tendrán el mismo precio con la misma calidad en toda la Argentina, y da luz verde a las telefónicas para ingresar al sector audiovisual, pero impide que brinden TV satelital.
Elimina el servicio telefónico de larga distancia y autoriza a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley, a fijar plazos y localidades en donde las telefónicas estarán impedidas de dar TV paga.
