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POLITICA / reforma anticipada
sábado 22 febrero, 2020

El cambio de las jubilaciones de privilegio acelera una purga de jueces y fiscales

El proyecto que baja los haberes de funcionarios judiciales ya provoca retiros masivos. Sumados a las vacantes actuales, el gobierno de Alberto y Cristina podría nombrar hasta 700 puestos en la Justicia. Alerta y temor de la oposición.

Federico Aguila / Cecilia Devanna

En marcha. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, argumentó que las jubilaciones de privilegio generan un déficit de $ 9.200 millones al año. Señaló que la reforma judicial está “en estudio” pero no hay precisiones sobre su presentación en el Congreso. Foto: Pablo Temes
sábado 22 febrero, 2020

El Gobierno terminará de concretar en casi tres meses de gestión una verdadera purga en la Justicia. Alberto Fernández dio la orden la semana pasada de sancionar un proyecto que termine con las jubilaciones de privilegio para jueces y fiscales. El anuncio de la iniciativa, que este jueves tendría media sanción en Diputados, logró que en solo una semana se aceleraran los retiros de al menos treinta jueces y fiscales de todo el país.

Ya están tramitadas las jubilaciones de casi 300 magistrados y fiscales, que podrían ejecutarlas antes de que la futura ley entre en vigencia. De esta forma, y sumadas a las vacantes que ya tiene que completar el Poder Ejecutivo, la coalición de Fernández y Cristina Kirchner se encontraría con casi 700 puestos para nombrar en diferentes fueros de todo el país. Una tarea que, aunque no es inmediata, baja un mensaje a un poder que está entre las prioridades de gestión del Presidente y su vice.

En medio de los ajustes en el sistema previsional que puso en marcha el Gobierno, y mientras lleva adelante la renegociación con el FMI, quedaron en evidencia los privilegios de un poder que goza de mala imagen en la opinión pública. Por ejemplo, un juez se retira con el 82% móvil, y no paga impuesto a las ganancias. El proyecto del oficialismo llevará el haber jubilatorio a un promedio del 82% de los últimos diez años, además de subir la edad de 60 a 65 años e incrementar del 12% al 19% el aporte, entre otros puntos. La iniciativa tuvo el rechazo inmediato de las asociaciones que agrupan a magistrados, fiscales y camaristas, que buscarán cambios en la norma y luego amparos en la propia Justicia.

El Ejecutivo apuntó con un sector que cobra en $235 mil y $335 mil por mes 

El Gobierno bajó el mensaje de terminar con los privilegios de un sector que cobra en promedio entre $ 235 mil y $ 335 mil por mes. En Casa Rosada, la versión oficial la comunicaron los ministros Claudio Moroni y Marcela Losardo. La titular de la cartera de Justicia puntualizó que generan “un déficit de $ 9.200 millones por año, que se cubre con el resto de las jubilaciones de $ 14 mil”. Losardo evitó referirse a las vacantes que esta norma ya genera. Y señaló que la anunciada reforma judicial sigue en estudio, aunque en el Gobierno creen que llegará al Congreso recién a mediados de año y su implementación se demorará meses.

"La 125 de la Justicia". Así se refieren varios judiciales al proyecto del Ejecutivo. Las versiones e interpretaciones sobre la motivación que llevó a patear el tablero son varias. Pero en algo coinciden las distintas voces consultadas y es en que se trata de un escenario absolutamente disruptivo en el que se abrirá una negociación en la que medirán fuerzas los tres poderes del Estado.

Una de las lecturas más escuchadas en los últimos días en los tribunales asegura que la propuesta previsional tiene que ver con una búsqueda de “depuración” de la Justicia. Quienes apuestan por ella creen que esta es la salida con la que el oficialismo busca hacerse de centenares de vacantes. Eso, sostienen quienes adscriben a esta visión, es lo que entienden que desde el oficialismo se está priorizando en lugar de la anunciada reforma judicial. Y también creen que entre las vacantes que se abrirían y las que ya están disponibles, el kirchnerismo podría hacer un completo desembarco.

Entre quienes no suscriben a esta mirada, coinciden en hacer alusión al colapso que se generaría en el Poder Judicial con todas esas vacantes y creen que eso no es lo que busca el Ejecutivo. “Nadie ignora el tiempo que lleva cubrir una vacante, imaginate 700, es una locura. Por más que quieran depurar, ese escenario es inviable. Una paralización absoluta”, detallan.

En lo que unos y otros coinciden es en que el escenario es novedoso y que el Presidente es un gran conocedor de la Justicia como para suponer que el proyecto no generaría repercusiones y polémicas. Más aún cuando consideran que desde la Justicia había predisposición para charlar y de hecho existían vínculos aceitados, que quedaron paralizados cuando los sorprendió la presentación del proyecto, que los dejó en "shock".

“Desde el Poder Judicial había predisposición para llegar a acuerdos y de hecho se estaba avanzando. Entendíamos y entendemos lo grave de la situación del país, pero con la presentación de ese proyecto nos hicieron quedar en una posición que dista muchísimo de esa voluntad”, coincidieron ante PERFIL fuentes tribunalicias.


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