El ex presidente Mauricio Macri y su familia tienen, por ahora, dos frentes abiertos por el caso Correo Argentino SA: uno en la Justicia penal federal y otro en el fuero comercial, donde la compañía ya entró en un nuevo proceso (el salvataje o cramdown) y se investiga el presunto vaciamiento de la empresa. Correo está intervenida judicialmente y los administradores que respondían a los Macri fueron desplazados en marzo último.
Penal. El juez federal Ariel Lijo investiga una causa en la que el propio Macri está imputado, a la cabeza de un grupo de ex funcionarios y representantes de Correo Argentino SA por los presuntos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles.
Lijo investiga si el gobierno de Cambiemos realizó en 2016 un acuerdo en detrimento del Estado y con el fin de favorecer a la empresa de la familia presidencial al condonar el 98,87% de la deuda con el Estado.
El magistrado indagó a fines de marzo de 2019 al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad (citado por sus decisiones durante su gestión como ministro de Comunicaciones); al subsecretario Juan Manuel Mocoroa; al presidente de Correo; y al abogado de la compañía. Aún debe decidir si los procesa o no porque la Cámara Federal porteña le ordenó realizar primero un informe contable sobre la oferta presentada por Correo en 2016 y aceptada por el Ejecutivo.
Macri y el resto de los imputados siempre negaron las acusaciones. El ex presidente nunca presentó formalmente abogados y no fue citado a declarar. Tampoco por el momento los accionistas miembros de su familia.
Comercial. La Justicia comercial aún debe decidir sobre el concurso de acreedores, que lleva unos 18 años. Este viernes 21, vence el plazo para que los interesados en adquirir la compañía se inscriban en un registro, publicó el Boletín Oficial. Pueden inscribirse incluso otras compañías de los Macri para adquirir las acciones.
Quienes eventualmente adquieran las acciones de Correo también adquirirán sus deudas y deberán presentar una propuesta de acuerdo preventivo. La deuda original era por 300 millones pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $4.000 millones.
Frentes latentes. Este proceso es parte del salvataje o cramdown. De fracasar podría derivar en la quiebra y ese es un escenario aún más riesgoso para los Macri. La quiebra podría extenderse a Sideco (ex accionista de Correo) y Socma (actual accionista), principales empresas de la familia. Además, los intereses de la deuda se deberían recalcular a la fecha de la quiebra: se computarían, mínimo, 18 años de intereses.
Sin embargo, aún si no se llegara a ese punto, el salvataje no está exento de riesgos penales. Para conseguir este tipo de acuerdo se necesita que todos los acreedores de Correo (alrededor de 470) den su conformidad. Eso implicaría conseguir la autorización por escrito de los 470. Muchos de esos acreedores vendieron sus poderes a estudios de abogados que defienden a Correo, como reveló PERFIL. Eso, de acuerdo a la fiscalía general de Gabriela Boquin, podría poner a los responsables de la empresa en la lupa por presunto fraude al resto de sus acreedores. El salvataje podría tener entonces implicancias penales.
