lunes 30 de enero de 2023
POLITICA viaje de jueces, funcionarios y empresarios

El caso Lago Escondido suma allanamientos y recusaciones

Mientras la fiscal de Bariloche avanzó con la búsqueda de pruebas sobre el viaje de jueces, empresarios y un funcionario porteño al Sur, CFK recusó a Ercolini, familiares del ARA San Juan a Mahiques y la AFIP a Cayssials.

18-12-2022 05:31

Allanamientos, recusaciones, distintos pedidos de información y nuevas denuncias se sumaron esta semana a la imputación de jueces, funcionarios de Juntos por el Cambio y empresarios en el viaje a Lago Escondido que quedaron imputados por delitos vinculados al pago y la aceptación de dádivas.  

Los allanamientos tuvieron que ver con la causa iniciada en Bariloche. Una de las medidas se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron del viaje al Sur. La funcionaria había impulsado la investigación después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake SA, que es la que administra Lago Escondido, del magnate británico Joe Lewis.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de

U$D 605 cada una, que acorde con la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $ 97.707,5”, sostuvo la fiscal. Sin embargo, dijo que hay “una clara discordancia” con las fechas del viaje. El alojamiento fueron los días 13, 14 y 15 de octubre, pero los comprobantes datan del día 28. La Policía Federal también allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando, la empresa dueña del avión en el que se trasladaron hasta Bariloche. Tampoco los montos informados conformaron a la fiscal.

Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el exagente de Inteligencia Leonardo Bergroth y el consultor Tomás Reinke. La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín SA, y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación. Estos serían quienes habrían financiado el viaje.

La investigación también avanzó sobre el pedido de indagar por el trabajo de los magistrados durante los días que viajaron al Sur. La Cámara de Casación Penal contestó en la Justicia que “no surge” que Carlos Mahiques “haya hecho uso de licencia o justificación de inasistencias para los días 13, 14 y 15 de octubre”. Sin embargo, firmó expedientes, algo que está prohibido hacer a más de 40 kilómetros de distancia. La misma respuesta llegó desde el juzgado Criminal y Correccional para el caso de Julián Ercolini, quien tampoco pidió licencia.

La madre de una de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan denunció a Carlos Mahiques por la supuesta firma de una sentencia durante uno de los días en que viajó. En la denuncia se pidió que se aparte de manera preventiva a Mahiques de la causa que debe revisar la situación del expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal, audiencia que debería concretarse el 21 de diciembre.

Además, también comienzan a estar en la mira los fallos posteriores de estos magistrados. Pablo Cayssials falló a favor de la empresa Telecom –del grupo Clarín– tras el viaje. Se trata de un fallo millonario favorable para la empresa a la que el Estado le reclamaba una deuda histórica. En las imágenes de la llegada a Bariloche se ve a los jueces con bolsas de Telecom.

Por otro carril, también empezaron a correr distintas recusaciones. La vicepresidenta fue la primera en usar este recurso en una causa iniciada por “persecución” de la AFIP a ella y su familia durante la gestión de Mauricio Macri, ya que está a cargo de Ercolini. Este organismo, ahora a cargo de Carlos Castagneto, fue el segundo en presentar una recusación, pero contra Cayssials, y solicitó su apartamiento en dos causas en las que las empresas Papel Prensa y Telecom presentaron demandas contra el organismo recaudador.

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