Tras la decisión del Gobierno de modificar la Ley Nacional de Inteligencia por decreto, el Club Político Argentino se pronunció en rechazo de la decisión del Ejecutivo, reprochando que el DNU fue emitido "a contrapelo de la Constitución Nacional".
"La Argentina, que ha sufrido dos atentados perpetrados por el terrorismo internacional, no puede improvisar su política de inteligencia", sostuvo la asociación en reclamo por el DNU 941/25 y sentenció: "Este DNU ha sido emitido a contrapelo de la Constitución Nacional".
"Nos resulta muy preocupante la decisión del gobierno nacional de modificar -por decreto, sin la participación del Congreso Nacional ni consulta alguna con las organizaciones de la sociedad civil- la Ley Nacional de Inteligencia 25.520. En lo que atañe al fundamento legal, este es inexistente", argumentó el CPA.
El Club Político Argentino, desde su lugar, reivindicó su misión desde la creación de bregar "por el respeto a las instituciones de la democracia" y recordaron sus condenas con respecto a "los intentos de concentración del poder de cualquier gobierno".
"Manifestamos nuestro enérgico rechazo a este cuestionado decreto, a la vez que exigimos afrontar los desafíos de la seguridad de los argentinos con estricto respeto a las garantías constitucionales", concluyó el comunicado de la asociación dedicada al análisis y debate de ideas para mejorar la política argentina.
El comunicado del CPA fue lanzado luego de que este viernes 2 de enero el Gobierno publicara en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, en el que presentaron una reforma de la Ley de Inteligencia con cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sector.
El documento compartido por el Ejecutivo modifica el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dándole la concentración de la dirección estratégica del esquema, y busca eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos.
La administración libertaria justificó la publicación del DNU indicando que debía actuar con rapidez y debieron recurrir al mecanismo constitucional mencionado ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.
La defensa del Gobierno y el nuevo mapa del sistema de inteligencia
En medio de las críticas, la Secretaría de Inteligencia del Estado difundió un comunicado para justificar los cambios. Definió la reforma como parte de una “segunda generación” del Sistema de Inteligencia Nacional y la enmarcó en el “proceso histórico que impulsa el Presidente” para adaptar al país a “las amenazas y desafíos del siglo XXI”.
Según el organismo, el DNU “acota, define y clarifica” la estructura y las competencias del sistema, elimina superposiciones y reduce funciones que -según el Gobierno- fueron asignadas de manera discrecional durante décadas. Entre los cambios más relevantes, la SIDE señaló que la Agencia de Seguridad Nacional quedará circunscripta a tareas de contrainteligencia, mientras que la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información pasará a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Reforma en Inteligencia: la oposición rechaza el DNU y pide activar las bicamerales de control
El comunicado también defendió la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la concentración de sus tareas en el Estado Mayor Conjunto, con el argumento de lograr un esquema “más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”. Para la SIDE, el nuevo sistema de intercambio de información -basado en trazabilidad y registro obligatorio de cada requerimiento- garantiza transparencia interna y fortalece los controles legales y presupuestarios.
“El Estado argentino debe dejar atrás prácticas del pasado como persecución política interna, espionaje doméstico o control indebido sobre dirigentes, periodistas y ciudadanos”, afirmó el organismo, que cerró el texto reivindicando la reforma como una decisión que consolida “un Estado limitado, profesional y al servicio de la República y de la libertad”.
Mientras el Gobierno defiende el DNU y la oposición reclama el funcionamiento de las bicamerales, el reloj ya está en marcha. La carta enviada a Menem y Villarruel, firmada por diputados de Unidos y acompañada por UP, busca asegurar que el tratamiento del decreto no quede relegado mientras avanza el receso parlamentario. Si los plazos se cumplen, el DNU recién llegará al recinto en la segunda quincena de febrero, cuando las cámaras enfrenten el desafío de reunir mayorías simples en un Congreso aún desordenado tras el recambio de diciembre.
AS.
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