En medio de la tensa negociación por la deuda, y los nuevos frentes abiertos, en especial con la dirigencia del campo que inicia el lunes un paro de cuatro días, el Ejecutivo se apresta a enviar al Parlamento dos proyectos de alto impacto: aborto y reforma judicial. Aunque desde la campaña y especialmente desde sus dos discursos ante el Parlamento, el presidente Alberto Fernández dio algunos lineamientos, algunas incógnitas a develar están en la letra chica y en los tiempos.
Después de la presentación del proyecto de legalización del aborto, que será esta semana en la Cámara de Diputados, la semana siguiente será el turno de uno de los temas más urticantes para parte de la oposición y muchos sectores del Poder Judicial: la reforma judicial.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, están puliendo la redacción de la reforma, que sería enviada al Parlamento a través de varios proyectos. “Aunque está casi lista, el Presidente no quiere enviar en la misma semana dos proyectos de alto impacto, así que la reforma en la Justicia entrará al Parlamento luego del aborto”, señalan en la cartera de Justicia. Además, precisaron que será el propio Presidente quien termine de pulir el texto final, lo que puede demorar unos días más su presentación.
En la Justicia creen que con las reformas se paralizan varios procesos contra CFK
Cambios. El domingo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el Presidente confirmó que enviará una propuesta de reforma de la federal para evitar “la designación de jueces amigos y la utilización política de la Justicia”. “Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la Justicia”, señaló Fernández, e indicó que la ley que impulsará busca el “reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo de, las falsas causas y la arbitrariedad en materia de detenciones”. Esta semana, la ministra Losardo di algunos detalles más, Sobre la reforma, la titular de la cartera judicial al sostener que habrá un “nuevo fuero federal penal” y se “transferirá una parte a la Ciudad, que tendrá plena autonomía”.
Aunque se viene tratando con mucho hermetismo, la reforma apunta a diluir el poder de los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde se tramitan las principales causas de corrupción.
Otro de los ejes centrales tiene que ver con acelerar la implementación del sistema acusatorio. En esencia, dispone que la instrucción de las causas quede en manos de los fiscales, lo que les resta poder a los magistrados. Por ahora, el sistema comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy. Para acelerarlo, sin embargo, es necesario una partida presupuestaria que en el Poder Judicial ven por ahora inalcanzable en tiempos de crisis. Es que será necesario construir nuevos edificios, contratar personal e implementar nuevos sistemas informáticos, entre otros muchos puntos. Además de mucho dinero, implementar el sistema acusatorio requiere también de tiempo.
Por ahora, en el Ejecutivo no adelantaron si alguno de los proyectos plantea meterse con la “caja” de la Corte Suprema, lo que generaría otro frente de conflicto con un sector de poder que por ahora aguarda las reformas de manera expectante.
También quedará para los próximos meses el tratamiento parlamentario. Desde la oposición piden conocer la letra chica, pero ya avisaron que no consagrarán la impunidad del kirchnerismo con estas reformas.
