El jueves será un día clave en los tribunales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal 4 leerá el veredicto en el caso Ciccone en donde el ex vicepresidente Amado Boudou corre riesgo de ir preso. En las últimas horas hubo varias versiones que aseguraban que el ex vicepresidente no solo sería condenado sino inmediatamente detenido, tal como pidió la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa.
Boudou ya estuvo en la cárcel de Ezeiza entre noviembre y enero pasado, por orden del juez Ariel Lijo, en una causa que investiga asociación ilícita y enriquecimiento. Pero la Cámara Federal lo liberó y, precisamente, allegados al ex funcionario se basan en que aquel fallo, en sus fundamentos, decía que el acusado siempre estuvo “a derecho en todos sus frentes judiciales”.
En el entorno de Boudou descreen de un eventual arresto. Según dijeron a PERFIL, la UIF, como querellante, no debería “intervenir en las cuestiones vinculadas a las prisiones preventivas” y, además, la propia fiscalía no había pedido detenciones. “El único dato que muestra que podrían condenarlo es la urgencia con la que se realizó el juicio, que se priorizó por sobre otros que estaban en la agenda del tribunal y que tienen personas detenidas”, sostenían en el entorno del ex vicepresidente.
“No hay pruebas contra Boudou. Es un escándalo que (el juez Pablo) Bertuzzi negocie su ascenso con el Ejecutivo, en medio del juicio a un ex vicepresidente de la Nación”, dijeron allegados. Y completaron que “él mismo se expuso a una negociación pública”.
Fuentes consultadas por PERFIL en tribunales de Comodoro Py afirmaban que el tribunal –compuesto por Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez– no tiene aún decidido cómo fallará. Se trata del TOF que históricamente completó Leopoldo Bruglia, quien desde 2016 ocupa una vacante en la Cámara Federal de Apelaciones.
Si se decidiera un arresto de Boudou en el momento del veredicto, sería algo inédito en casos de corrupción. Ya hubo antecedentes de condenados que se fueron de Comodoro Py presos, en un camión del Servicio Penitenciario Federal, pero todos ellos fueron en el marco de delitos de lesa humanidad.
Para Boudou, la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo pidió cinco años y medio de prisión. La misma pena solicitó la Oficina Anticorrupción (OA), mientras que la UIF reclamó seis, la máxima penal posible por negociaciones incompatibles con la función pública. Pero, además de pedir inhabilitación especial perpetua y que se le imponga una multa de 90 mil pesos, el organismo reclamó que en caso de que Boudou y el resto sean condenados, no se espere a que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación sino que se dispongan las detenciones de forma inmediata.
