La primera jornada del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que se comenzó a debatir en comisión el último jueves, ya demostró que será motivo de tensión permanente, con pases cruzados de un lado y otro. En ese marco, mientras desde el Frente de Todos salieron a celebrar lo que consideran que fue un encuentro “absolutamente positivo” ya hay una polémica respecto a si los testigos citados estarán obligados a comparecer.
Especialistas advierten que en el caso de los jueces del máximo tribunal, como se trata de los acusados no están obligados a sentarse frente a los diputados de la comisión. Pueden decidir hacerlo, motivados por cuestiones políticas, pero recién estarían en el banquillo de los acusados si el pleno de la Cámara baja impulsa la acusación con dos tercios de los votos y allí el Senado se transforma en el tribunal de enjuiciamiento.
Distinto es el caso de los testigos, donde hay coincidencias en que están obligados a concurrir aunque desde la oposición aseguran que debe ser con una causa que lo justifique. Los nombres que más ruido generan son los de Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño en uso de licencia) y Silvio Robles (vocero de Horacio Rosatti), a quienes el Frente de Todos quiere sentados en la comisión por el cruce de supuestos chats que se filtraron donde el asesor del cortesano le pasaría información sobre pasos a seguir al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. La Justicia, sin embargo, cerró la causa judicial sobre eso al considerar que no se puede asentar una investigación sobre pruebas que serían fruto de un espionaje ilegal. Con esa causa cerrada, creen en la oposición, no hay motivos que justifiquen su citación. Hay quienes creen que otra denuncia al respecto que presentó Axel Kicillof esta semana, y que recayó en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, es para dejar esa ventana abierta.
Mientras tanto, el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, salió a celebrar el paso que dieron esta semana. “El primer balance para nuestro bloque fue absolutamente positivo desde el punto de vista de los objetivos. Obtuvimos el quórum reglamentario, abrimos la comisión y (Carolina) Gaillard hizo lectura de los encabezados de los 14 expedientes y de las 60 acusaciones que constituyen el piso de las denuncias que estamos impulsando”, afirmó en declaraciones a radio Delta.
Por su parte, su colega del bloque Marcelo Casaretto defendió la herramienta del juicio político como un instrumento constitucional. Además, se despachó en críticas a la Justicia. “Tenemos que poner un límite al avance del Poder Judicial por sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y el único remedio es el juicio político”, aseveró en una entrevista con la 990.
Se presentó otro pedido de juicio político a Rosatti
Después de iniciado el debate en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, con 14 expedientes vinculados a los jueces de la Corte Suprema, ayer se conoció que Horacio Rosatti, su presidente, recibió una denuncia más.
Lo confirmó Pablo Llonto, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, quien en declaraciones a Radio 10 aseguró que presentó un pedido de juicio político contra Rosatti por “una mala gestión en el impulso de los juicios de lesa humanidad”, por no haber convocado como titular del máximo tribunal a la comisión interpoderes, que tiene como objetivo “acelerar” los procesos que se siguen por los crímenes cometidos durante la última dictadura.
“Pedimos el juicio político por una mala gestión de las actividades de Rosatti, que es considerada una falta grave. Tiene la función de convocar a una comisión interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad, pero no lo hizo desde que asumió como presidente de la Corte”, explicó Llonto. En este sentido, aseguró que “los juicios de lesa humanidad deberían tener prioridad porque son los juicios más antiguos que tenemos” y “deberían ser más rápidos, pero es todo lo contrario”.
“Cuando llegó Rosatti a la presidencia de la Corte no convocó más a la comisión, que había logrado acelerar los procesos judiciales. El mal desempeño de un juez, implica el pedido de juicio político”, apuntó.
Este pedido de juicio político a Rosatti se suma la denuncia formulada por Patricia Isasa, víctima de la dictadura, quien denunció que el magistrado, durante su gestión como intendente de Santa Fe, “protegió” a uno de sus secuestradores.
