En un nuevo episodio de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, el Gobierno decidió suspender la transferencia de fondos para las cajas jubilatorias provinciales. Se trata de 13 provincias que se ven afectadas: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
La medida activó un tembladeral político que obligó al Gobierno a salir a aclarar a través de la Oficina del Presidente. “Una vez culminado el proceso de auditoría llevado por ANSES, el Estado nacional cumplirá con abonar los montos a las provincias”, sostiene el comunicado.
Es que en la práctica, el DNU de Javier Milei transparentó lo que ya venía sucediendo. Las provincias señalan que en enero se cortaron las transferencias para cajas jubilatorias.
Horas antes del comunicado, Guillermo Francos había adelantado que se trataba de una “auditoría” y que los fondos estaban reasignados en otras partidas. Además explicó que hay provincias que son acreedoras y otras deudoras.
“Ahora dicen que no van a cortar que se interpretó mal el decreto; veremos el jueves”, explicó uno de los mandatarios afectados ante PERFIL poniendo expectativas en la reunión del 4 de abril, cuando Francos vuelva a recibir a los mandatarios de JxC.
“Queremos que lo aclaren porque el decreto dice otra cosa; si se paga a valores corrientes o históricos es otro tema también”, razonó el mandatario.
También le achacan a la Casa Rosada falta de sentido de la oportunidad dado que se negocia la Ley Bases. Ayer, Ignacio Torres calificó la medida como “torpeza”. Con todo, muchos de los gobernadores creen que la medida no debería afectar las negociaciones que irán por “carriles separados”.
Otros, en cambio, entienden que la medida es la antesala de recortes definitivos a las cajas previsionales provinciales.
La diversidad de colores políticos de las provincias anticipa que la posición entre gobernadores no está unificada. Hay provincias que entienden que podrán ahora “presentar el tema ante la Justicia sobre la base de una norma legal, no de una deuda”. “Vamos a analizar legalmente qué tipo de planteo vamos a hacer, en qué fuero y vamos a presentarnos ante la Justicia”, razonaron.
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Otras provincias como Tierra del Fuego no se verán afectadas.
En el caso de Córdoba, la deuda original reclamada ante la Justicia es por $250 mil millones. Actualizada, la deuda ascendería a $350 mil millones.
En tanto en Santa Fe el cálculo que realizan ascendería el monto de la deuda a la friolera de $700 mil millones. Según Francos, justamente la auditoría debería determinar los montos precisos.
En la provincia de Entre Ríos la deuda es menor. Según los números que manejan la deuda se ubica apenas por encima de los $40 millones, pero solo en el 2024 se sumarían otros $50 mil millones, lo que rondaría una deuda total de $90 mil millones.
En La Pampa la deuda es de $5.100 millones. La provincia cumplió con el envío de cartas documento y agotadas las instancias preliminares, avanzará con la presentación ante la Corte.
