POLITICA
El enojo de los gobernadores

Guillermo Francos les contestó a los gobernadores y negó el recorte de fondos previsionales: "Que no se haga un bola de nieve"

"Las partidas están", dijo Guillermo Francos, al desmentir el recorte.

Guillermo Francos
Guillermo Francos | Cedoc

Con un nuevo decreto (DNU 280/24), el Gobierno cortó esta semana las transferencias que la ANSES hacía a las cajas de jubilaciones de 13 provincias, en una decisión que generó el enojo de varios gobernadores. Sin embargo, este sábado, el ministro del Interior, Guillermo Francos salió a desmentir ese recorte.

"Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales. Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes", aseguró Francos.

En una entrevista con el programa Sábado tempranísimo, de Radio Mitre, el ministro aclaró:  "Hay algunas provincias que deben y hay otras provincias a las que se les debe. Pero para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos".

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Ante la consulta sobre si el dinero que estaba previsto para los fondos previsionales va a ir a través de otras partidas, Francos respondió: "Exactamente, hay otras partidas. Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil".

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En este sentido, también aclaró que esta situación no tiene relación con los posibles acuerdos que plantea la Casa Rosada con los gobernadores: "No tiene que ver con las leyes de bases, con la que muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo, porque son temas que hacen a las inversiones en la Argentina, tampoco con las reformas fiscales que en general también hay acuerdos con los temas que allí se trata".

 “Lo que está por ley no se va a dejar de reconocer, sólo que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga. A veces hay exageraciones en lo que se plantea como necesidad y eso claramente es obligación del funcionario público, que tiene que habilitar la transferencia, saber lo que está debitando y cuál es el monto”, concluyó el ministro. 

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El conflicto por los fondos previsionales

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei derogó los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023, la cual fue extendida para el presente año. Estos artículos estaban relacionados con la actualización de los fondos que la ANSES debía transferir a las provincias que aún no habían transferido sus sistemas previsionales al ámbito nacional.

La medida impactó sobre 13 de las 24 provincias de la Argentina: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar. Desde enero, el Ejecutivo no les giró ni un peso, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.

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Desde diferentes provincias calcularon cuánto debería girarles ANSES en abril: Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6.500 millones; Formosa, $2.260 millones; La Pampa, $1.720 millones; Misiones, $1.790 millones y Santa Fe, $10.030 millones.

La nueva normativa abrió otro capítulo de la tensa relación entre el Gobierno y las provincias. Fue tomada en la previa al encuentro entre funcionarios nacionales y los gobernadores previsto para el 4 de abril, en una de las reuniones convocadas para preparar el terreno hacia el encuentro denominado Pacto de Mayo, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba.

El gobierno provincial de Santa Fe fue el primero en pronunciarse al respecto. Señaó que que es “una apropiación indebida de fondos”.

La decisión del gobierno nacional podría derivar en nuevas presentaciones judiciales y hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

LT