Con el objetivo de transformar el sistema Judicial y acelerar los procesos, el Gobierno Nacional creó una Comisión para la Reforma del Código Penal que será presidida por el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y que dentro de un año deberá elevar al Poder Ejecutivo un anteproyecto "de reforma y actualización" que concentre toda la legislación en un único cuerpo normativo.
Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarca que el Código Penal que hoy sigue vigente "fue sancionado en el año 1921" y que "desde entonces ha sido objeto de múltiples reformas", lo cual ha afectado "seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original".
Para lograr estos cambios, la medida dispone la creación de la "Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación" bajo el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De acuerdo con lo establecido en el texto de la normativa, de este grupo formarán parte "no solo funcionarios de la Administración Pública Nacional sino también integrantes del Poder Judicial de la Nación y Provinciales, de los Ministerios Públicos y de la docencia universitaria, vinculados con la práctica profesional y la problemática diaria del ejercicio del derecho penal".
Los integrantes. Además de Borinsky (el presidente), uno de los camaristas de Casación que impulsó la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández, quienes también constituirán la comisión son Mauricio González Guerra (secretario) y Pablo Turano (secretario adjunto), Carlos Mahiques, Patricia Llerena, Daniel Erbetta, Víctor Vélez, Pablo López Viñals, Guillermo Yacobucci, Fernando Córdoba y Patricia Ziffer.
Además, estarán representados el Ministerio de Seguridad y otro del Ministerio de Desarrollo Social lo que le dará a la comisión dos inegrantes más. Todos los que formen parte de esta nómina, dice el decreto, "desarrollarán su tarea ad honorem".
El decreto. El Gobierno argumentó en el escrito que "subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias".
Además, se especificó que "resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción".
