Luego de que la Organización de la Naciones Unidas emitiera un comunicado en el que cuestiona los proyectos de reforma judicial aprobados en Diputados, el Gobierno le manifestó su enojo al espetarle al organismo una "falta de ética".
"Los términos de mismo se apartan no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial, como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la Relatora", expresó la Cancillería en un comunicado firmada por Héctor Timerman.
Para el ministro de Relaciones Exteriores, "resulta paradójico que quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de magistrados y abogados, atropelló principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones sin haber recibido las respuestas a las preguntas que planteó en la noche del viernes pasado al Estado argentino".
Según expresó el ministro, ante las preguntas que envió la relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, "la Cancillería le contestó en menos de una hora que todas las preguntas iban a ser respondidas de inmediato".
"No obstante la predisposición a cooperar de la República Argentina, dicha Relatora emitió un comunicado menos de 24 horas hábiles después de haber enviado el material solicitando respuestas a una serie de preguntas. Y más grave aún, emitió el comunicado sin contar con dichas respuestas", le replicó hoy Timerman.
A su vez, la Cancillería detalló que representantes argentinos ante los Organismos Internacionales en Ginebra se reunieron con Jane Connors, directora de la División de Procedimientos Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para manifestar "el desagrado argentino por la inconducta de la Relatora" y encontraron una respuesta positiva".
Para Timerman, el comunicado que difundió la ONU da cuentas de "su ignorancia o parcialidad política al recomendar un diálogo participativo e inclusivo con la sociedad y la comunidad jurídica. Seguramente desconoce que fue la propia sociedad civil quien propuso y obtuvo varios de los cambios que fueron incorporados a los proyectos en debate".
"La posición de la Relatora es similar a quienes hoy desde la oposición claman por una supuesta ilegalidad pero que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar la República Argentina votaron leyes con falsos diputados o con el supuesto pago de prebendas en lo que se llamó “Ley Banelco” (Reconocida tarjeta de débito)", sostiene el texto.
Por la mañana, la relatora especial de las Naciones Unidas le había reclamado al Gobierno que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, ya que distintos artículos son "contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
