El Gobierno nacional defendió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el arresto domiciliario para un militar condenado por delitos de lesa humanidad, lo que sienta un importante precedente para que se habiliten nuevos reclamos.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj lo calificó como "una buena señal de madurez cívica" la medida judicial que le permitió al teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, y con muy mal estado de salud cumplir su pena en su domicilio. Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por privación ilegítima de libertad agravada, con violencia y amenazas reiteradas en 16 hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le había negado el arresto domiciliario pedido por su grave estado de salud.
"Entendemos que el fallo de la Corte que permitirá el arresto domiciliario a un militar condenado y, ya que por ley le corresponde ese derecho, es una buena señal de madurez cívica y una muestra de que la Argentina está apegada a la ley más allá de a quién le corresponde el beneficio de la medida", expresó a Infobae Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno.
El funcionario aclaró que el apoyo del Gobierno a la decisión de la Corte "no exculpa ni avala las atrocidades cometidas por los militares durante la dictadura que condenamos desde siempre", la medida judicial "responde a un gesto de madurez cívica" del país en cuanto a "la igualdad de condiciones para todos".
La Corte falló de forma dividida en una ajustada decisión. La mayoría -con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- ordenó revocar el pronunciamiento que había emitido la Cámara Federal de Casación. Pero Ricardo Lorenzetti y Elena Highton consideraron "inadmisible" el recurso concedido.
