Insta al jefe de gobierno porteño a hacerse cargo del servicio. Un día antes, la Ciudad había interpuesto una medida cautelar para defender su rechazo.
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Cedoc.
El Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, presentó ante la Justicia una demanda contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, con la intención de "compeler al efectivo cumplimiento" del Acta Acuerdo firmado con la Ciudad. Un día antes, fue la propia Ciudad de Buenos Aires la que intentó defender su rechazo a la administración del subte a través de una medida cautelar para que Nación no avance con la transferencia del servicio.
La demanda de la Nación se propone "compeler al efectivo cumplimiento del Acta Acuerdo de Transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro suscripta con fecha 3 de enero de 2012 entre el Estado Nacional y la Ciudad".
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"Inicia demanda por cumplimiento de contrato. Solicita medida cautelar". De acuerdo con información difundida por Infobae.com, esa es la presentación que hizo el Gobierno nacional contra la medida de Macri, por haber dado por "suspendida" la transferencia de los subtes.
"Se solicita se condene al Gobierno de la Ciudad a cumplir en forma inmediata con el Acta Acuerdo referida que fuera suscripta con fundamento en las leyes y decretos reglamentarios que establece la efetiva prestación de los servicios de transportes ferroviarios", prosigue el documento, presentado ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno, además, solicita como medida cautelar se ordene al a la Ciudad a que "en forma inmediata proceda a cumplir con su obligación como concedente del servicio público de transporte Subterráneo y Premetro, debiendo a tal efecto controlar y fiscalizar el contrato de concesión en su totalidad, manteniendo la efectiva administración del contrato de concesión, los actos correspondientes y el íntegro ejercicio de las potestades tarifarias de los servicios".
"La confirmación de la transferencia perfeccionada con el aumento tarifario aprobado por el gobierno local", argumentó el Poder Ejecutivo y suma la "improcedencia de la ruptura del acta acuerdo en sede administrativa".
