El Gobierno ordenó elevar el nivel de vigilancia en la recta final al G20 luego de los episodios de violencia que captaron la atención mediática esta semana.
Hacia afuera, la orden fue transmitir tranquilidad y un restringido contacto con la prensa de los funcionarios responsables con el objetivo de brindar sensación de control a la comunidad. Puertas adentro, no obstante, algunos reconocen que el doble ataque con bombas frustrado del miércoles desnudó una preocupante vulnerabilidad: lo difícil que es detectar y prevenir un golpe cuando no proviene de organizaciones o personas de interés a los que se hace blanco de un seguimiento particular.
“Estamos listos y preparados para el G20”, reafirmó ayer la ministra de Seguridad y cabeza del operativo, Patricia Bullrich, de forma tal de despejar cualquier duda sobre la capacidad del Gobierno de garantizar el orden. La ocasión no pudo ser mejor para el propósito de mostar músculo: la presentación oficial de los vehículos blindados antidisturbios, los escáneres móviles y motos de gran cilindrada donadas por China a las fuerzas locales junto a trajes protectores y sistemas de detección y desmantelamiento de bombas, minas y cables subterráneos. Todo eso pasará a formar parte del patrimonio local cuando concluya la cumbre.
Para el Gobierno no hay vinculaciones entre los ataques anarquistas y la detención de presuntos simpatizantes de Hezbollah. Sin embargo, entienden que todo se lee con la misma lente en la opinión pública, así como el incidente en Aeroparque con la interferencia de las comunicaciones de la torre de control.
De ahí que, a lo largo de las úlltimas 72 horas, más de un responsable de las múltiples dependencias abocadas a la Cumbre de Líderes y su protección debió dedicar interminables horas a las consultas de gobiernos invitados –y otros vinculados a los capítulos judiciales de la última semana– respecto a la solidez del sistema y el alcance real de una amenaza.
Controles. Las medidas dispuestas para robustecer el sistema de vigilancia van desde extremar los controles migratorios en los pasos legales hasta intensificar los patrullajes y retenes en aquellos caminos lindantes con cruces irregulares, como la Triple Frontera. También se ha potenciado la actualización de contenidos en las bases que intercambian la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y el Ministerio de Seguridad de la Nación con sus equivalente extranjeros.
Hoy, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con un mecanismo vigía conectado a Interpol que recibe un promedio diario de 164 millones de restricciones liberadas por jueces de todo el mundo, operativo las 24 horas, los siete días de la semana en todas las fronteras. Eso se complementa con las nóminas de pasajeros transmitidas a Migraciones una vez que cierran los vuelos con rumbo al país así como el sistema PNR (por Passenger Name Record) que registra itinerarios de viajeros, solos o en grupo. Cualquier persona cuyo nombre aparezca en pantalla con un veto internacional no podrá ingresar, explicaron a PERFIL.
En paralelo, los responsables de detectar amenazas internas han intensificado el rastrillaje en redes sociales de perfiles que pudieran resultar potencialmente amenazadores a partir de publicaciones con carga extremista. “No se trata de hacer una caza de brujas –manifestó un funcionario a cargo de la vigilancia de la Cumbre– pero tampoco podemos pecar de ingenuos. Un posteo no dice nada. Una serie puede indicar una conducta y eso es lo que se debe investigar”.
En el fondo, el Gobierno piensa que un escenario de desborde tipo Hamburgo, en el G20 del año pasado, es poco probable porque la distancia es, de por sí, un muro geográfico natural para que gran parte de los activistas más radicales se trasladen hasta Buenos Aires. En cambio, trabajan sobre la hipótesis de microeventos violentos, circunscriptos a grupos que apuntan a generar desmanes.
De momento, las autoridades tampoco ven conexiones entre las bombas locales y las expresiones libertarias más radicalizadas de Europa aunque indagan en detectar algún tipo de lazo político local que contradiga su prédica “antisistema”. Por si acaso, el Gobierno porteño resolvió suspender todas las vacaciones otorgadas a la Policía de la Ciudad durante la semana clave del 26 de noviembre al 2 de diciembre.
Voces. “Estamos abiertos al diálogo. Tienen que convivir las reuniones del G20 con aquéllos que no están de acuerdo, de una manera no violenta, democrática y de forma tal que todas las expresiones se puedan escuchar”, manifestó ayer Bullrich. Detalló que el objetivo es alcanzar cierto consenso con aquellas organizaciones sindicales y políticas con poder de movilización para que se mantengan al margen de cualquier erupción y así “aislar a los violentos”.
El martes próximo, el Ministerio de Seguridad junto al de Transporte y funcionarios de la Ciudad que forman parte del Consejo de Seguridad del G20, presentarán un mapa con las áreas de restricción y aquéllas que estarán protegidas por las fuerzas involucradas, como los entornos del Centro Cultural Kirchner, afectado a actividades paralelas al evento. Mientras tanto, los responsables del operativo de Seguridad ya se reunieron con el juez federal Sergio Torres y el fiscal Gerardo Pollicita, ambos de turno durante las jornadas del G20, y se mantendrán en contacto por cualquier amenaza que demande el uso de la fuerza.
Tres camiones escáneres
Entre las donaciones chinas, la más llamativa, sin duda, es el escáner móvil. Tres camiones que se ubicarán estratégicamente sobre el segundo y tercer anillo de vigilancia para monitorear a todos los vehículos de logística que ingresen al área de exclusión. Se trata de un sistema de última generación que le permite a los operadores desnudar, con una serie de filtros digitales, a los vehículos que cruzan por debajo de un arco de 4,6 metros de altura que forma un enorme brazo mecánico que lleva adosado. Estará a cargo de personal de Prefectura, que ya ha sido capacitado por los chinos a partir de su pericia en un sistema similar que manejan a nivel local. La próxima semana arribarán al país nuevas adquisiciones. Según especificó el secretario Alberto Föhrig, “no hubo restricción presupuestaria” para el G20, aún en medio de los recortes.
