Con los efectos de la pandemia del coronavirus golpeando la economía local y ante el peligro de una notable cantidad de pedidos de concursos que se podría presentar no bien se levante la cuarentena, el Gobierno está analizando la posibilidad de llevar adelante un proyecto propio para modificar la ley de quiebras, con el objetivo de promover "un salvataje" a muchas pymes.
Así lo comentaron a PERFIL fuentes gubernamentales, quienes aseguraron que el gabinete económico está analizando este tema, con la idea de confeccionar medidas que se deberían encuadrar en un proyecto de ley que les permita a las empresas y sectores sumamente golpeados por la crisis "un poco de aire" y poder mantener la firma y los puestos de trabajo.
Esta semana legisladores de la oposición también presentaron un proyecto de ley sobre algunas modificaciones en la ley de quiebras.
En el Gobierno aseguran que el problema de ese proyecto es que plantea determinadas modificaciones para 2020, y el objetivo del Ejecutivo sería una extensión de tiempo más prolongada.
El Ejecutivo busca evitar quiebras masivas apenas se levante la cuarentena
Hasta el momento el oficialismo ha otorgado el aplazamiento de deudas y la suspensión de plazos, pero el punto central es que la cuarentena no permite el funcionamiento normal de la Justicia, con lo cual, en el Gobierno admiten que podría haber en los próximos meses una "catarata de pedidos de quiebra".
El objetivo de esta iniciativa, según comentan en el Ejecutivo, es darle un carácter más trascendente a los acuerdos previos entre empresas y acreedores. “Hay herramientas que se están analizando en ese sentido, con el fin de promover una solución antes de la vía preventiva”, resaltaron.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Ximena García proponen, mediante una modificación temporaria de la Ley de Concursos y Quiebras, crear herramientas excepcionales y transitorias, que promuevan una salida de la crisis.
El proyecto se enmarca en la crisis económica que está viviendo el país debido a la pandemia de Covid-19, que ha generado una paralización de la industria y una caída en las ventas de comercios que ha dejado a muchas empresas al borde de la quiebra.
Las medidas planteadas buscan facilitar los acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) entre deudores y acreedores, a la vez que proponen herramientas para aquellas empresas que ya se encuentran atravesando los procesos concursales, y cuya situación se ha visto agravada por el aislamiento. De esta manera, las empresas podrían acceder a los beneficios de la Ley de Concursos y Quiebras y continuar con sus actividades.
También entre las medidas se incluye la suspensión de las ejecuciones de los pagarés de consumo por 120 días, para ayudar a las familias que están atravesando una difícil situación económica. Las medidas propuestas mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, para la flexibilización de procesos concursales en apoyo a empresas concursadas o en vías a estarlo.
“Hoy más que nunca, debemos proteger a las empresas y los puestos de trabajo que representan”, señaló la diputada santafesina, y agregó: “Estas son y serán el motor de nuestra economía”.
Para mantener los puestos de trabajo, en la iniciativa que se baraja se contemplaría una “mayor flexibilidad” en el régimen de aportes patronales, pero por un período que, en principio, sería por un año.
“Las medidas propuestas mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, para la flexibilización de procesos concursales en apoyo a empresas concursadas o en vías a estarlo”, dice el texto del proyecto.
Paralelamente, en las últimas horas se conoció un informe del Observatorio Pyme, el cual advierte que debido a las drásticos efectos de la cuarentena el peligro de empresas que pueden cerrar aumentó del 6 al 8% (ver aparte).
Por su parte, fuentes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguraron a PERFIL que es importante que se pueda llevar adelante proyectos y herramientas para tratar de salvar a la mayor cantidad de empresas que se pueda y advirtió sobre la imposibilidad para un 50% de las pymes de acceder a los beneficios implementados por el Gobierno ante el parate económico que impuso la pandemia.
Según una encuesta realizada por esa entidad, un 51% de las firmas registradas en la entidad no pidió la línea de créditos a tasa del 24%, pero el resto lo solicitó, del cual solo lo obtuvo un 18%.
“Ante un escenario económico extremadamente complejo para el sector pyme, con caída del 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, insistiremos en la necesidad de un rescate financiero de las principales generadoras de empleo del país para cuidar a los trabajadores”, agrega el informe de la entidad.
