POLITICA

El Gobierno porteño pidió quitarle la personería gremial a los Metrodelegados

Se activa la causa penal y reclaman que se apliquela multa de $4,9 millones. Fotos.

Los metrodelegados reclaman un gesto del gobierno y de la empresa para destrabar el conflicto.
| cedoc

El gobierno porteño reclamó al ministerio de Trabajo nacional que "le quiten la personería gremial" a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) por no haber acatado la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por la subsecretaría laboral capitalina. Así lo indicó el jefe de Gabinete comunal, Horacio Rodríguez Larreta. También se reclamó que se haga efectiva la multa de 4,9 millones de pesos aplicada a los sindicalistas por negarse a cumplir con esa medida.

Luego de participar de la reunión de gabinete semanal del Ejecutivo que conduce Mauricio Macri, en el Campo de Golf de la Ciudad del barrio de Palermo, Rodríguez Larreta insistió con que "siempre creímos que tendría" que haber intervenido la cartera laboral nacional.

"El ministro (de Trabajo, Carlos) Tomada fue el que llamó a los gremios y la empresa hace tres meses cuando hubo el mismo problema" por la discusión salarial, prosiguió. Ayer, el propio Tomada lamentó que el Gobierno porteño "haya demorado diez días" para resolver el conflicto por los subtes y advirtió a los "metrodelegados" que "las normas están para ser cumplidas", por no haber acatado la conciliación obligatoria.

Sanciones. Rodríguez Larreta explicó que "entre las medidas que se tomaron de sanción por no haber acatado la conciliación obligatoria, una de ellas es la multa de 4,9 millones de pesos".

"La otra es la denuncia ante el Ministerio de Trabajo para pedir que les quiten la personería", informó. "Son medidas previstas ante el incumplimiento de los metrodelegados a la conciliación obligatoria", agregó.

Finalmente, el funcionario reiteró que el hecho de aceptar el traspaso de los subtes de la Nación sin subsidios "tendría un impacto muy negativo en las finanzas" de la Ciudad.

Por su parte, el fiscal penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, Walter López, ordenó las primeras medidas de prueba contra los metrodelegados en la denuncia iniciada por la empresa Metrovías por impedir el normal funcionamiento del servicio.

El expediente es por la presunta violación del artículo 69 del Código Contravencional, que sanciona con multa de mil a cinco mil pesos o de dos a 10 días de arresto a quien "afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos", informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.