Caída del empleo, cierre de fábricas, freno en la obra pública, recesión, piquetes y paros. Estos indicadores preocupan al Gobierno nacional, no sólo por el devenir propio de la economía, sino porque son “detonadores” de conflictividad social. Existen áreas gubernamentales donde crece la preocupación por cómo pueda reaccionar “la calle” en el último fin de año del gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo por el antecedente de los saqueos y acuartelamientos de fuerzas de seguridad del año pasado.
Si bien los focos y las decisiones de la gestión del oficialismo se recalculan casi a diario, dentro de los ministerios vinculados a la intervención social creen que noviembre y diciembre serán los meses más difíciles.
Saben que la inflación y la inseguridad son un problema que afecta esencialmente a los sectores de menos ingresos, sobre todo más en los barrios más humildes del conurbano y el sur de la Ciudad, donde el año pasado hubo saqueos, cerca de supermercados, por ejemplo.
Ayer, el diputado nacional kirchnerista, Edgardo Depetri, vaticinó que los que encabezaron el paro del jueves son los mismos que en diciembre van a promover los saqueos. “Quieren desestabilizar al país”, denunció.
Precisamente para evitar ese escenario, la Casa Rosada prepara anuncios para calentar el consumo: facilidades de acceso al crédito, refuerzo de los planes sociales y operativos de seguridad especiales.
“La potencial conflictividad social está atada a la tasa de inflación, que es del 40% anual, y a una economía que puede caer 3 puntos este año. Con desocupación en el sector privado y un impacto en la recaudación”, explicó a PERFIL Nadin Argañaraz, de la consultora IARAF.
El especialista destacó que el dato más preocupante es la caída del empleo y aclaró que si bien la tasa oficial de desocupación es del 7,4 %, los niveles ascenderían al menos un punto si se incluye la gente que dejó de buscar trabajo. Arrojó un dato inquietante: en los primeros seis meses de 2014 se perdieron 500 mil puestos de trabajo con respecto a 2013. El año pasado, en pleno diciembre, el Gobierno tuvo que montar el operativo “nochebuena” que involucró cuadrillas especiales de gendarmería, la distribución de planes sociales con mayor intensidad y, por ejemplo, la reasignación de personal del Ministerio de Seguridad para “inteligencia criminal”. Se hicieron desde análisis de redes sociales para detectar convocatorias a saqueos hasta recorridas en helicópteros con cámaras infrarrojas para detectar movimientos en plena noche.
La caída de la actividad y del empleo es un diagnóstico compartido incluso por funcionarios K. “Tenemos un problema con los puestos de trabajo”, confió a PERFIL un director de un áreas clave del Gobierno. “Con esta situación la gente se empieza a crispar y es un escenario jodido”, graficó un diputado nacional ultrakirchnerista a PERFIL. Un intendente K del Conurbano añadió que el parate de la obra pública está generando grandes conflictos en los municipios. El recorte de los fondos a las comunas que envía el gobierno nacional viene siendo denunciado por dirigentes de la oposición, sobre todo por los massistas.
Frenar la caída del empleo será clave a la hora de evitar posibles saqueos. Pero la incógnita es cómo se hará. En la imprenta Donelley la solución fue permitir que los empleados tomaran la fábrica y la convirtieran en una cooperativa. Pero en un mercado competitivo y les difícil luchar contra grandes editoriales.
Para Argañaraz el gran interrogante es si los Gobernadores, en medio del estancamiento, tendrán fondos suficientes para pagar el medioaguinaldo de fin de año, otro de los motivos que agita la conflictividad social. Es el mismo que disparó los acuartelamiento de las fuerzas de seguridad a fines del año pasado. Hay provincias que, para colmo, tomaron deuda en pesos atadas al dólar (dólar link) y según los vencimientos se verán atrapadas por pagos elevados si el peso sigue devalúandose.
El Gobierno ya empezó con los atenuantes. “La segunda cuota del aumento jubilatorio se empieza a sentir en septiembre. Lo mismo que la segunda paritaria”, precisó una fuente del Ministerio de Economía.
A esto se le suman las políticas de la Anses que impulsa Diego Bossio: “El plan Progresar está creciendo y la inclusión de medio millón de jubilados va a ser dinero que se vuelque al consumo (la inversión es de 15 mil millones de pesos)”, manifestaron desde el organismo. Pero la gran pregunta es si esta red de contención alcanzará para congelar la conflictividad.
