La Cancillería manifestó su “más enérgico rechazo” a la publicación del Reino Unido titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, al considerar que busca promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en las islas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Pablo Quirno reafirmó la posición argentina sobre la soberanía de los archipiélagos y sostuvo que forman parte del territorio nacional y se encuentran “ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”. Además, destacó las medidas adoptadas contra empresas y personas vinculadas con actividades en la zona.
El pronunciamiento se produjo luego de que el gobierno británico difundiera el documento “Doing business with the Falkland Islands”, dirigido a empresas y particulares que desarrollen actividades económicas en las islas, suministren bienes o servicios o participen de manera directa o indirecta en la explotación de sus recursos naturales.
Según la información difundida por el Gobierno argentino, la guía británica sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y ofrece respaldo a las compañías que operen allí. También recomienda a las empresas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente.
El documento contempla además asistencia británica cuando una empresa, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por sus actividades vinculadas con las islas.
El Gobierno anunció nuevas medidas contra empresas
La Cancillería vinculó su respuesta con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
El Gobierno argentino sostuvo que profundizará las medidas para impedir la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización de la Argentina. En ese marco, recordó que convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal luego de la denominada Decisión Final de Inversión del proyecto.
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Según explicó la Cancillería, durante esas reuniones también cuestionó las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a proveedores y las distintas iniciativas comerciales impulsadas por el Reino Unido en relación con las actividades hidrocarburíferas.
La administración de Javier Milei afirmó que aplicará las leyes 26.659 y 26.915, junto con el Decreto 868/2026, a empresas, inversores y proveedores que participen de manera directa o indirecta en actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considere no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
Las advertencias y denuncias de Argentina
La Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas ubicadas en 30 países. Además, señaló que mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos.
A esto se suman tres denuncias penales que, según el Gobierno, alcanzan a 10 compañías y a sus directivos por actividades vinculadas con la explotación de recursos en la zona.
El Ejecutivo también sostuvo que las acciones impulsadas por el Reino Unido contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución de la disputa de soberanía.
El Gobierno británico, por su parte, mantiene su posición de que las Islas Malvinas son un territorio británico de ultramar. En su guía también sostiene que la explotación de los recursos corresponde a las autoridades isleñas y a las empresas que desarrollan actividades allí, y fundamenta su postura en el principio de autodeterminación.
La posición de Argentina sobre el diálogo
Pese al rechazo al documento, la Cancillería reiteró que la Argentina está dispuesta a mantener un “diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para retomar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El Gobierno advirtió además que continuará utilizando herramientas administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales contra empresas y particulares que mantengan vínculos comerciales con las islas sin autorización argentina.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, ya había anticipado este martes que el Ejecutivo ampliaría la denuncia judicial presentada la semana pasada para incluir a otras compañías.
“Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías”, afirmó durante su habitual conferencia de prensa. Según sostuvo, el Gobierno continuará utilizando los mecanismos disponibles para sancionar e impedir actividades que considere contrarias a los derechos y la soberanía argentina sobre las islas.
En esa misma conferencia, Ravier también se refirió a la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Según explicó, tendrá funciones logísticas y será utilizada como un punto estratégico para la proyección argentina sobre el Atlántico Sur, además de contribuir al monitoreo de recursos naturales.
