El discurso manodurista nunca fue parte del ADN del PRO. El macrismo lo fue incorporando por goteo, casi sin una intención premeditada: lo hizo después de haber llegado a la Casa Rosada y ante la falta de resultados en otras áreas. Su promotora, ex aliancista y antes militante del peronismo revolucionario, tampoco cuenta con linaje amarillo de origen. Al contrario, Marcos Peña la miró con desconfianza desde el arranque de Cambiemos. Para el jefe de Gabinete, la ministra Patricia Bullrich era una representante de la vieja política, y la relación entre ambos nació friccionada.
Ahora, mientras la doctrina Chocobar ya rige como reglamento entre las fuerzas federales, el macrismo convierte a la seguridad en eje de campaña. Y a Bullrich, en la principal vocera de ese speech. Si bien todavía es improbable que la ministra sea la candidata a vicepresidenta en 2019 (en la Rosada casi lo descartan), Mauricio Macri habilitó el empoderamiento de la Piba.
“El Presidente respalda la doctrina y cree que ayuda a clarificar situaciones en las que la Justicia ha condenado injustamente a policías que actuaron en el cumplimiento de su deber”, aclaró Bullrich en TN. Su afirmación encierra algo más que la banca presidencial: las rondas mediáticas de la ministra, cargadas de frases desafiantes, dejaron de ser motivo de discordia con el omnipresente Peña.
“La necesidad de restablecer el orden público va a ser una de las banderas de la campaña. Estará orientada especialmente para la clase media y media baja”, revela un estratega electoral del macrismo. Para diferenciarse de antecedentes más explícitos, como el de Carlos Ruckauf o Francisco de Narváez, en el gobierno definen la propuesta como “mano justa”.
Una serie de encuestas cualitativas, ordenadas por el equipo de Jaime Duran Barba, confirma los beneficios de adoptar un discurso punitivista. Se trataría de una suerte de bolsonarización light, cruzada por la estrategia central de polarizar con el populismo kirchnerista.
Si bien el asesor presidencial suele marcar los riesgos y las contraindicaciones electorales de mano dura, a su vez señala que es una demanda muy presente en las clases bajas. En febrero pasado, dos meses después de que el policía Luis Chocobar matara a un ladrón en La Boca (hecho por el que sigue procesado), Duran Barba explicaba en la radio: “Hemos medido la angustia frente al delito. Mucha gente, sobre todo de los sectores populares, siente que no puede salir de su casa. Por eso desarmar a la policía es poco popular. La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes”. Por aquellos días, Macri y Bullrich recibieron a Chocobar como a un héroe.
Ahora, apenas terminó en paz la reunión del G20, el Gobierno reglamentó un protocolo más permisivo en el uso de armas de fuego. Y Macri aprovechó el envión para conectar a los barrabravas con el kirchnerismo, omitiendo un dato: el enorme protagonismo que mantiene el jefe de La Doce, Rafael Di Zeo, dentro de Boca. El recurso de rivalizar con el peronismo, combinado con la bajada de línea del orden, se llevará puestos algunos matices y contradicciones.
Pese a las críticas previsibles y el fuego amigo en su contra (el juez porteño Roberto Gallardo la declaró inconstitucional, y Elisa Carrió la emparentó al fascismo), la nueva norma ya tiene vigencia práctica. Los agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria pueden aplicarla. A partir del lunes arrancarán las capacitaciones específicas (ver aparte).
Peña fue el encargado de darle una interpretación amable y libre de controversias. Lo hizo en su habitual carta explicativa sobre el rumbo oficial: “Podrán emplear armas de fuego en casos de defensa propia o de terceros, ante un peligro inminente de muerte o de lesiones graves, cuando se presuma verosímilmente la existencia de armas de fuego o cuando pueda haber agresiones mortales aun sin ellas”.
Cerca de Bullrich son más directos: “No es para perseguir ladrones de carteras. Está pensada para narcotraficantes que usan armas de guerra”.
Varias provincias, sin embargo, optaron por rechazar el reglamento. El ministro bonaerense, Cristian Ritondo, se enteró por los diarios. Y tras analizarla desalentó su aplicación. También Jujuy, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, San Juan, Córdoba y La Pampa se distanciaron del protocolo Bullrich. Y no lo hicieron a raíz de un preconcepto ideológico: la mayoría de los gobernadores desconfía de la preparación de sus policías para administrar la ampliación del margen de maniobra.
En la Federal arrancan el lunes con nuevas capacitaciones
Las fuerzas federales se preparan para poner en práctica la nueva reglamentación para el uso de armas. El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, ordenó una nueva capacitación de los efectivos a su cargo. La resolución se publicó ayer en la orden del día y dispone que la Superintendencia de Planeamiento policial analice las reglamentaciones policiales vinculadas con la temática, con el objeto de derogar toda normativa que se oponga al nuevo reglamento. Además, se llevará a cabo un ciclo de capacitación, a cargo de la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, cuyos responsables deberán requerir la participación de expertos en el área, es decir, instructores de tiro pero también agentes de los departamentos de Control de Integridad, de Políticas Institucionales y del Derecho Penal.
El esquema de capacitación será implementado en el interior del país de manera virtual. En este punto, se remarca el deber de maximizar el uso de recursos humanos, materiales y financieros para lograr la mayor eficiencia.
“Va a haber una profundización del proceso formativo del policía que no se agota con el egreso de la Academia. Es permanente y periódico”, dijo Roncaglia a PERFIL, quien adelantó que, a partir de este lunes, se organizarán charlas multidisciplinarias y teóricas sobre el correcto uso de las armas de fuego “provistas por el Estado para la defensa de la sociedad”.
Los oficiales superiores contarán con capacitaciones brindadas por jueces y fiscales para que luego “transmitan el conocimiento a oficiales y suboficiales”.
El 4 de diciembre pasado, el mismo día en que el protocolo entró en vigencia, circuló un comunicado interno en Gendarmería –la fuerza que conduce Gerardo Otero– que ordenó instrumentar la instrucción y capacitación del personal para su aplicación.
