POLITICA
Un gigante al servicio del poder

El interés detrás de Fabricaciones Militares: tierras, contrataciones directas y controles laxos

En las últimas semanas el Gobierno comenzó con un plan de retiros voluntarios, mientras define qué hacer con esta empresa que tiene miles de hectáreas que representa casi tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los balances negativos y un 2023 que abre sospechas. Quien controla la empresa es el propio Estado y, años atrás, incluso intercambiaron funcionarios. El sistema de contratación directa interadministrativa también la hace atractiva.

Polígono de tiro Sargento Quevedo, Fabricaciones Militares
Polígono de tiro Sargento Quevedo, Fabricaciones Militares | CEDOC

En seis meses de gobierno de Javier Milei aún no define qué hacer con un gigante de más de 55.000 hectáreas, casi 3 veces la superficie de CABA, y que tiene 1.465 empleados del Estado. Se trata de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), la empresa dependiente del Ministerio de Defensa que protagonizó escándalos y casos de corrupción sin importar el color político que haya estado a cargo. 

También estuvo en el paquete de compañías a privatizar en la ley ómnibus, quedó excluida en la ley bases que obtuvo media sanción en Diputados y se aguarda por su tratamiento en el Senado, y que el Gobierno no descarta en volver avanzar en la privatización.

En las últimas semanas, el directorio de FMSE, a cargo de Hugo Pascarelli, comenzó con un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. “El objetivo del directorio es tender a una dotación acorde a la realidad económica y productiva de la compañía para el funcionamiento y las operación diarias de la empresa”, lanzaron en un comunicado en abril.

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En ese contexto, el pasado martes la empresa decidió paralizar las actividades en FANAZUL, un predio ubicado en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, dónde se encuentra una de sus cinco plantas industriales. 

En Azul, Fabricaciones Militares produce explosivos para minería y el argumento oficial es que hay explosivos que están próximos a vencerse y que ante la supuesta caída del acuerdo con la minera peruana no pueden comercializarse.

En Córdoba la empresa tiene otras dos plantas, una en Villa María y se producen explosivos para minería y pólvora en granel.

El Gobierno se debate entre vender los terrenos o darle fuerza para entrar a la OTAN

La otra se ubica en Río Tercero separado en dos plantas, una dedicada a la metalmecánica, que realiza reparaciones de vagones de trenes y puesta a punto de Jeeps del ejército y fabricación de tanques para el almacenamientos de químicos; en el otro sector funciona como planta química y se produce ácido nítrico, nitrato de amonio y ácido sulfúrico.

En la sede de Luis Beltrán Fray, en Santa Fe, se producen municiones de distintos calibre, chalecos antibalas y granadas de mano. 

Todas las sedes industriales más la planta administrativa sede central en CABA, totalizan cerca de 1400 hectáreas. Según pudo saber PERFIL, el resto de los inmuebles patrimonio de FMSE suman un total de 55.388 hectáreas, es decir casi tres veces la superficie de CABA, y solo el inmueble denominado Polígono de tiro Serrezuela en Córdoba tiene 53.869 hectáreas. 

La empresa viene de dos años de balances negativos, en el 2020 y 2021 por $ 447.026.129 y $948.781.877, respectivamente. 

Sin embargo, revirtió su situación en los últimos dos años de acuerdo a los informes contables al que accedió este medio.  En 2022 mostró un resultado del ejercicio positivo por $ 423.756.262 y en 2023 por $10.864.973.506, mejorando cerca de 20 veces de un año a otro. 

Fabricaciones Militares estuvo en el centro de la polémica por distintos episodios por productos defectuosos y sobre precios. 

Lo curioso es que quien controla a la empresa estatal es ANMAC, es decir, el propio estado está de los dos lados del mostrador en un tema sensible como es la fabricación y comercialización de armamento. Más aún, hasta 2015 hubo muchos funcionarios que trabajaban en FMSE y pasaron al área de ANMAC, esto puede explicar algunos vínculos que hubo entre Fabricaciones Militares y el organismo que se encarga de los controles.  

Además, se tiene un sistema de contratación que es por compras directas interadministrativas. Es decir que no tiene que llamarse a licitación y puede contratarse directamente.

Ahora el gobierno se debate entre hacer negocio con los terrenos o darle fuerza con el objetivo de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como “socio global”. En ese sentido, el ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió en abril con se reunió en el cuartel general de la OTAN  en Bruselas, con su secretario general Adjunto, Mircea Geoana, en una misión diplomática en medio de la compra de los aviones caza F-16 norteamericanos en Dinamarca con el aval de Estados unidos.

Una clara muestra de hacia dónde avanza el Gobierno en materia de política exterior: Consolidar un alineamiento con Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. 

También hubo movimientos en las últimas semanas al interior del gabinete de Defensa, Petri echó a su jefe de gabinete, Carlos Becker.

Becker fue un hombre puesto por Patricia Bullrich, que avanzó con compras y modernización de las Fuerzas Armadas. Era el hombre encargado de todo el material bélico bajo las órdenes de Milani.

 

La Justicia analiza el caso de los chalecos

Fabricaciones Militares estuvo en el centro de la polémica por distintos episodios. En el 2021, la empresa fue denunciada por la compra con sobreprecios de pistolas Beretta en lo relacionado a contrataciones directas efectuadas durante el 2017. También se sospechó por el caso de contrabando de armas en Río Tercero y sobreprecios por ventas de chalecos a Santa Fe.

La mayor polémica es la venta de chalecos defectuosos, de un modelo que Anmac prohibió que se siguieran fabricando. En febrero del 2023, la muerte de la oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Salazar, puso el foco sobre esos chalecos antibala que habían sido catalogados como “no aptos” luego de la pericia.

La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego y demás explosivos está trabajando sobre irregularidades en la fabricación de los chalecos y analizando si hay elementos suficientes para formular denuncia penal al respecto. Apesar de todos esos antecedentes, en dici embre del año pasado Bullrich compró chalecos por US$ 607.500.