Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, fue denunciado por la Coalición Cívica (CC), partido presidido por Elisa Carrió, que acusa a la organización de girar más de $3.000 millones a sus cooperativas a través de convenios "modificados".
La denuncia también fue dirigida hacia Alexandre Roig, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Milagros Moya, Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de dicho instituto, y Gildo Ezequiel Onorato, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada.
La acusación fue firmada por los legisladores Hernán Reyes, Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin, y denuncia a los dirigentes y funcionarios por delitos de defraudación contra la administración publica, asociación ilícita, incumplimiento de deberes a su cargo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
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En concreto, se denunció que los acusados "manejan" los convenios, dado que son ellos quienes presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos, hechos anclados en tres ejes cuya cúpula se concentra en la organización popular.
"Las conductas denunciadas encuadran dentro de una organización que, a nuestra consideración, fue conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político", explicaron los legisladores de la CC sobre la causa que está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Asimismo, los diputados calificaron a las acciones denunciadas como un "escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado".
"Los hechos que aquí se describen suponen una transferencia ilícita y directa de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660,00 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas que integran dicho Movimiento", precisó el documento con respecto al presunto desmanejo de los fondos estatales que se encuentran tramitados en el expediente número 2613/2022.
Como prueba, entre otras cosas, los dirigentes de la CC presentaron más de 150 convenios aprobados y concedidos a cooperativas y entidades que responden al Movimiento Evita. Siendo estos fondos provenientes del Plan Potenciar Trabajo, el cual está a cargo de la Secretaría de Economía Social, dirigida por Pérsico.
Según describe la denuncia, el dinero fue derivado a las cooperativas y entidades en las que trabajan los beneficiarios a través de "convenios" firmados entre el ministerio de Desarrollo Social, desde la secretaría del dirigente social, el INAES y las cooperativas en manos de Roig y Onorato. A su vez, el control sobre el destino final de los fondos estaba a cargo de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, lo que vincula a Moya, directora e integrante del Movimiento Evita.
"Los referidos funcionarios públicos no solamente asignan con amplia discrecionalidad los recursos estatales, sino que representan los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros. Entonces, lo que han organizado los denunciados, es una gran simulación estatal y territorial", afirmaron los legisladores.
Además, el documento resaltó que "la afectación no recae exclusivamente en los fondos públicos, sino también en la coacción de las personas en situación de vulnerabilidad a quienes dicen ayudar, requiriendo de ellas actividades de índole política y territorial en beneficio del Movimiento Evita como condicionalidad informal de las prestaciones sociales del Estado".
En este sentido, Pérsico, Roig y Moya fueron considerados autores de los hechos descritos en la causa "toda vez que poseen las facultades, deberes y potestades inherentes a su cargo para poder cumplir la ley. Más aún así, omiten su cumplimiento con el fin de beneficiar a sus allegados y en definitiva a ellos mismos". Por su parte, Gildo y Onorato serían autores penalmente responsables del delito de defraudación.
La respuesta de Movimiento Evita
Al respecto de la denuncia, en diálogo con PERFIL, Pérsico declaró: "Estamos a derecho. Los abogados nuestros se presentaron y nos dijeron que es una denuncia que no tiene ningún fundamento. Pero estamos a derecho siempre y nos presentamos". Desde la organización señalaron que "es una denuncia vieja" y reiteraron que "no tiene ningún fundamento".
