El Consejo de la Magistratura aprobó este jueves al mediodía que el Poder Ejecutivo revise los traslados de diez jueces, la mayoría de los cuales se produjeron durante el macrismo. El planteo sobre los magistrados fue presentado semanas atrás por el representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarróz.
En tanto que entre los magistrados cuyo traslado están para ser revisados están los de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes intervinieron en el caso de los cuadernos de las coimas. El proyecto contempla que el Consejo deberá remitir al Poder Ejecutivo las observaciones sobre los traslados, sosteniendo que estos deberían tener acuerdo del Senado, para cumplimentar todos los requisitos.
En tanto también se ordenó la elevación de una consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que emita opinión sobre si estos traslados cumplieron con los términos de las acordadas disueltas por el máximo tribunal en marzo de 2018. La oposición entienden que los traslados de esos 10 jueces no requieren la aprobación de la cámara alta porque así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de Bruglia y Bertuzzi, entre los jueces federales cuyas situaciones están bajo la lupa hay referente de distintas instancias y jurisdicciones: Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, María Verónica Skanata, Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias y Enrique Velázquez.
Durante la mañana el tema fue tratado en Comisión de Selección, donde se elaboró un dictámen que luego fue tratado y aprobado por mayoría en el Plenario del organismo. El oficialismo tuvo la mayoría al conseguir el voto de la legisladora Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección, que avaló lo propuesto y votó junto a los consejeros Ustarróz, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara, Diego Molea, Vanesa Siley y Alberto Lugones, presidente del organismo.
La decisión se da apenas horas después de que el Ejecutivo presentara el proyecto de ley de reforma de la justicia y la creación de un comité de expertos que en el lapso de 90 días evaluará los funcionamientos de la Corte Suprema, el propio Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal (MPF), y el juicio jurado. Los movimientos fueron durante criticados por voces de la oposición que evalúan las medidas como una avanzada del kirchnerismo sobre la justicia. Situación análoga a las críticas que despertó la revisión del traslado de los magistrados desde que se conoció la iniciativa.
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Los traslados de magistrados son una vía rápida para cubrir vacantes e implican que un juez es enviado desde el lugar que ocupa y para el que concursó -cumpliendo toda una serie de exigencias- a otro distinto. Los traslados funcionan, o funcionaron, en muchos casos, como una forma de cubrir una vacante que por vía original es un proceso que demanda alrededor de tres años. Si bien se trata de una herramienta que está contemplada dentro de las posibilidades, se exigen ciertos requisitos para concretarla.
El actual oficialismo sostuvo desde el comienzo que no se cumplieron varios de ellos en los distintos casos en estudio, en especial la falta de paso por el Senado para conseguir acuerdo. En tanto que entre quienes estuvieron en contra del proyecto del oficialismo estuvieron el legislador y consejero Pablo Tonelli y Juan Manuel Culotta, uno de los representantes de jueces en el Consejo.
Tonelli rechazó el poryecto por considerar que el Consejo no tiene facultades para revisar las disposiciones tomadas previamente por el Consejo, ni para hacer lo propio con los decretos presidenciales que avalaron el traslado de estos diez jueces. Mientras que por su parte, Culotta señaló que "el dictamen está viciado porque este Consejo no tiene facultades para revisar las decisiones de otros poderes".
CD/MC
