El “arte del acuerdo” que Mauricio Macri pregonaba en su primer discurso como presidente adoptó esta semana la fragilidad de una pompa de jabón. En el Congreso caló hondo la designación “en comisión” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para integrar la incompleta Corte Suprema. El decreto tomó por sorpresa a propios y ajenos, y se convirtió en el primer gran traspié de un gobierno que lleva poco menos de una semana en el poder.
El paso en falso del jefe de Estado tensó la relación con el Congreso y el vínculo cordial que hasta ahora mantenían el PRO y el Frente para la Victoria en el Senado, donde parecían haber firmado una tregua.
El bloque de Miguel Pichetto no había objetado la designación de Federico Pinedo como presidente provisional ni la del resto de las autoridades del cuerpo. Pero el método que eligió Macri terminó con la tolerancia del kirchnerismo, cuyo aval es imprescindible para alcanzar los dos tercios de los votos. En ese bloque ya ratificaron que, más allá de la idoneidad de los jueces designados, no prestarán su acuerdo en estas condiciones.
Sobre la marcha, la decisión del Presidente de postergar la jura para el mes de febrero descomprimió la situación en el Congreso. Sin embargo, no logró que el kirchnerismo cediera en su negativa a que los jueces asuman sin el aval parlamentario. El macrismo apunta ahora a poner paños fríos y abrió un impasse de negociación con el peronismo para enero, aunque no hay señales de que en febrero vaya a convocarse a sesiones extraordinarias.
El verdadero trofeo que el bloque de Pichetto quiere obtener es la ampliación de la Corte a siete miembros. “Ellos necesitan la ampliación y querían plantear el tema en esos términos”, confió a PERFIL una fuente del PRO que está en diálogo constante con el bloque K.
La Corte ampliada “no está en la agenda” de Macri ni del propio tribunal, pero la inquietud ya fue trasladada al Presidente, que convocará a todos los jefes de bloque a reuniones durante el verano. El Interbloque Federal del Senado, que tiene como referente al ex candidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá, ya inició tratativas ayer en Casa Rosada (ver aparte).
Aunque es el Senado el que tiene la última palabra sobre el destino de los jueces de la Corte, la embestida más fuerte contra el Gobierno se dio en la Cámara de Diputados. El inicio de acciones penales y la posibilidad de autoconvocar a sesiones extraordinarias –algo que nunca se hizo– son algunas de las acciones que el Frente para la Victoria evalúa por estas horas. El camino más firme parece ser la presentación de un pedido de juicio político.
El tema de la integración del máximo tribunal estuvo ausente en las reuniones que Macri mantuvo con sus rivales de octubre, si bien se tocó la cuestión de la Justicia. “Uno siente que fue usado en esa reunión. Macri lo podría haber hablado con los gobernadores y con los ex candidatos”, se quejó el diputado nacional por Salta Pablo Kosiner, hombre del gobernador Juan Manuel Urtubey.
Mientras tanto, los nombramientos en la Corte generaron un cimbronazo en la Unión Cívica Radical, principal socio de Cambiemos. Su presidente, José Corral, y los jefes de bloque de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Angel Rozas, salieron a explicitar su respaldo, pero hacia adentro no pudo esconderse el enojo. Julio Cobos fue el primero en reconocerse “sorprendido” por el nombramiento, al que calificó como “innecesario”. Y Rozas admitió que “le hubiese gustado que se consultara previamente a los senadores de Cambiemos”. Legisladores y dirigentes radicales recibieron con estupor la medida ya adoptada por Macri sin su consentimiento.
