La reforma judicial anunciada el lunes pasado por Cristina Fernández, que busca, según el Gobierno, “democratizar la Justicia”, logró debilitar al más férreo estandarte del Poder Judicial que se acopla a los intereses del oficialismo, la agrupación Justicia Legítima, liderada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Dentro de la agrupación, dejaron trascender a PERFIL que desde el anuncio se han producido grietas entre sus integrantes. Mucho de sus miembros reconocen que las medidas “revisten gravedad institucional para la estabilidad de nuestro estado de derecho y que se afecta el equilibrio que debe haber entre los poderes, lo que atenta de manera directa contra el sistema republicano de gobierno”, confían las fuentes judiciales.
Esta reforma ha desatado discusión y enfrentamientos entre los miembros de la agrupación, entre los que defienden y los que critican el proyecto oficial.
Por ahora, las voces disidentes apuestan al anonimato por temor a presiones. “La situación ahora ya no se limita a la Ley de Medios contra el Grupo Clarín o la causa de la Sociedad Rural sino que están en juego los cimientos de la democracia (sic) y la búsqueda de cooptación del Poder Judicial. Quieren politizarlo y aniquilarlo y esto ya es preocupante, nos afecta a todos”, explican, preocupados.
Uno de los puntos del plan oficial que cuestionan es la “politización” de los jueces, que podrán presentarse como candidatos a consejeros, pero deberán hacerlo a través de un partido político. Para ello, deberían afiliarse a un espacio político y pueden ser cuestionados por el origen de la financiación de las campañas políticas.
Sostienen que “la Magistratura se convertirá en la sede del partido político oficialista” y los jueces deberán alinearse en ese sentido, porque sino serán sancionados y apartados.
Otro de los motivos de la grieta se basa en la implementación de las “terceras instancias”, o cámaras de casación. Los críticos dentro de Justicia Legítima entienden que el Gobierno, al designar los jueces de los nuevos fueros, tendrá de forma automática fallos favorables. Aunque está claro que la última palabra la tendrá la Corte Suprema.
La limitación de las medidas cautelares contra el Estado a seis meses “vulneraría el principio de Igualdad ante la ley colocando a los ciudadanos y particulares en estado de indefensión y desprotección”, se quejan dentro de la agrupación. Los líderes de Justicia Legítima son la procuradora Gils Carbó, el camarista Alejandro Slokar, la camarista María Laura Garribós de Rébori, el fiscal general Jorge Auat, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el fiscal antinarcóticos Félix Crous, Luis Niño, juez de tribunal oral y Javier De Luca, fiscal de Casación, entre otros.
Diversas voces dentro de la agrupación adelantan que recorrerán el país a pedido de las entidades provinciales de magistrados que quieren escuchar la postura. Incluso hay previstos encuentros en las localidades de Rosario y Córdoba y se analizan visitas a las provincias de Salta y Jujuy.
