En medio de la discusión sobre la modificación de la Ley de Alquileres, que logró la media sanción en Diputados pero aún no tiene perspectiva de lograr la aprobación definitiva, el Senado dio este jueves un paso hacia la regulación de los alquileres turísticos temporarios que afectan de manera indirecta la oferta de inmuebles para la vivienda permanente.
El debate va en línea con una discusión que se da a nivel mundial en grandes centros turísticos en torno al uso de la plataforma digital Airbnb, que permite a los turistas contratar propiedades de manera temporaria para abaratar costos respecto a la oferta hotelera, pero que al mismo tiempo saca del mercado de inmuebles que antes estaban destinados a la vivienda.
El dictamen aprobado es sobre un proyecto unificado de dos textos de la santacruceña kirchnerista Ana María Ianni y de la mendocina de la UCR Mariana Juri y tiene como primera premisa que todos los contratos deben ser realizados en pesos.
El texto contempla la creación de un registro a nivel nacional sobre todos los inmuebles que están disponibles para ser alquilados de manera temporaria, es decir entre 1 y 90 noches, y también tiene en cuenta un resguardo para el huésped, con condiciones de seguridad e higiene que hasta el momento no están reguladas en ninguna normativa.
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“No pensamos en desestimar este tipo de oferta ni a las plataformas, queremos dar fin a una competencia desleal, porque no hay normativa, y afecta incluso el precio de los alquileres permanentes. Es modalidad que está en una situación de informalidad que no brinda los servicios como corresponde”, sostuvo la senadora Ianni durante la reunión de comisión.
Por su parte, Juri, la otra autora de un proyecto sobre el tema, indicó que "nuestro desafío es hacer que los destinos turísticos sean sustentables, no solamente cuando cuidamos lo ambiental, sino cuando no empiezan a colisionar el interés de los turistas con el interés de los residentes permanentes, esta ley pretende dar garantías".
El proyecto de ley al que tuvo acceso PERFIL indica entre sus puntos centrales la obligación de "utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios y/u ofertas de unidades habitacionales que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el territorio nacional; y para el procesamiento de pagos efectuados por huéspedes mediante la intermediación de plataformas cuando se trate de transacciones realizadas a través de medios de pago electrónicos nacional respecto, de unidades habitacionales ubicadas en el territorio nacional".
"El alquiler temporario con fines turísticos surge como alternativa al alojamiento hotelero, pero esta nueva modalidad no cuenta con un marco regulatorio. Nuestro objetivo es ponerle fin a una competencia desleal porque no hay normativa", dice @AnaMariaIanni
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 31, 2023
Juri sostuvo además que “este Senado se está poniendo al frente de uno de los grandes problemas que aquejan hoy al turismo. No pretendemos con este proyecto ser tan intervencionistas que dificultemos el mercado, al contrario, creo que con esto estamos dando beneficios a todas las partes”. En ese sentido dijo que “no podemos ser ajenos a que el alquiler temporario está agregándole una dificultad más a lo que es el alquiler tradicional de las viviendas”.
Mariano Recalde, del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, recordó que el distrito ya tiene un registro de esas características pero que no se utiliza de manera eficiente.
En su alocución, el camporista recordó que en la Ciudad de Buenos Aires hace cuatro años se sancionó con consenso una ley para regular este sistema, que fue iniciativa del Gobierno porteño. “Lamentablemente dos años después ya se han presentado proyectos de ley de los libertarios pidiendo la derogación del registro que existe en la Ciudad”, cuestionó.
“No basta con tirar una ley y expresar un deseo, sino que hace falta que el Estado tenga un rol activo en el control y en el cumplimiento de esta ley. En la Ciudad de Buenos Aires existe este registro hace cuatro años y hay 26 mil unidades ofrecidas por las plataformas y sólo 583 están registradas”, dijo el camporista.
El caso Nueva York
A partir de julio, la ciudad de Nueva York emitió la Ley local 18, que establece que los residentes que deseen alquilar una habitación o departamento deben registrarse primero en la Oficina de Ejecución Especial (OSE) y cumplir con las normativas legales que rigen los alquileres a corto plazo. Aquellos que no cumplan con la ley podrían enfrentar multas civiles de hasta US$5.000 por cada infracción.
En líneas generales, la normativa prohíbe, entre otras cosas, alquileres por menos de 30 días. De caso contrario, los inquilinos deben quedarse con los anfitriones y estos últimos tienen que estar inscritos en el listado de registro en la ciudad.
En respuesta a esta iniciativa, Airbnb presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York, en respuesta a una ley por considerarla una “prohibición de facto” contra los alquileres temporarios. Esta medida puso en peligro los ingresos anuales de la plataforma, que ascienden a US$85 millones.
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